El proceso judicial que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ya tiene fecha para dar inicio formal a la etapa de juicio.
El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín fijó para el 21 de noviembre de 2025, a las 3:00 de la tarde, la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación leerá el escrito de acusación contra el exmandatario y otros doce procesados dentro del denominado caso Aguas Vivas.
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Con este acto, se abrirá oficialmente una de las investigaciones más relevantes en la capital antioqueña en los últimos años.
El origen del caso
El proceso gira en torno al lote Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas, en el oriente de Medellín.
Dicho predio fue transferido sin costo a la Alcaldía en diciembre de 2019, como parte de una compensación urbanística: una figura legal que obliga a los urbanizadores a ceder espacio público como contraprestación en cada proyecto.
Lo que en principio parecía una ganancia para la ciudad se convirtió en el centro de la controversia.
De acuerdo con la investigación, durante la administración de Quintero se habrían adelantado gestiones para que el Distrito pagara más de 40.500 millones de pesos a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y al empresario Juan Manuel Villegas, pese a que el lote ya pertenecía al municipio.
La Fiscalía sostiene que, entre 2020 y 2023, los implicados intentaron transformar la cesión gratuita en una compraventa, con el objetivo de favorecer a los antiguos dueños del terreno.
Al no lograrlo, la administración de Quintero habría recurrido a actos administrativos que elevaron el avalúo del predio y abrieron la puerta para devolverlo a los particulares, lo que a su vez permitía desarrollar actividades urbanísticas prohibidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente.
Los implicados y las imputaciones
El escrito de acusación señala directamente a Daniel Quintero y a su exsecretario general, Fabio Andrés García, como presuntos responsables de prevaricato por apropiación en favor de terceros.
Además, otros ocho exfuncionarios deberán responder por interés indebido en la celebración de contratos: Ingrid Vanessa González, Yina Marcela Pedroza, Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy Jiménez.
El expediente también involucra a tres particulares —Juan Diego de Jesús Moreno, José Fernando Rueda y Juan Manuel Villegas— como presuntos autores de peculado, al considerar que fueron beneficiarios directos de las actuaciones cuestionadas.
La investigación, liderada por la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción, está respaldada por un voluminoso expediente: 3.930 pruebas documentales y cerca de 4.000 elementos en total.
Entre ellos hay correos electrónicos, informes periciales, inspecciones judiciales, fotografías, planos y reportes técnicos.
Un aspecto clave de la acusación son los documentos firmados por funcionarios de carrera que advirtieron que no había lugar a conciliación con los antiguos dueños del lote, porque el terreno ya era propiedad del Distrito. Estos informes fueron ignorados por la administración.
Igualmente, cobran relevancia los 48 testimonios de funcionarios y terceros que serán llamados a declarar, y que la Fiscalía considera fundamentales para probar la existencia de una red de intereses económicos y políticos en torno al predio.
Uno de los episodios más señalados es la resolución firmada por el exsecretario García el 26 de octubre de 2022, mediante la cual se ordenó la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita y la devolución del inmueble a los particulares.
Para la Fiscalía, esa decisión fue “irregular y contraria a la normatividad vigente”, constituyendo la evidencia más clara de las maniobras denunciadas.
La audiencia del 21 de noviembre es apenas el primer paso. Tras la lectura de acusación, se realizará una audiencia preparatoria, en la que la defensa podrá solicitar nuevas pruebas o alegar nulidades procesales.
Después vendrá el juicio oral, espacio en el que se confrontarán las pruebas, los testimonios y los alegatos de las partes.
La sentencia que dicte el juez en primera instancia podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Medellín.
Incluso, de persistir la controversia, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia mediante recurso de casación, lo que extendería por años la definición judicial.
Tras conocerse la radicación de la acusación, Daniel Quintero reaccionó en sus redes sociales y sostuvo que el proceso en su contra tiene un trasfondo político.
“Ahora será nuestro turno de demostrar con pruebas cómo le metieron la mano a la justicia para sacarnos del camino a la Presidencia”, escribió el exalcalde, quien mantiene aspiraciones en el escenario nacional.
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