Sindicatos de la Fiscalía denuncian un aumento exponencial en contratación a lo largo de la administración de Luz Adriana Camargo

El incremento de contratos por prestación de servicios en la Fiscalía General de la Nación generó inquietud entre los funcionarios, quienes advierten que la llegada de nuevos contratistas sin experiencia está desplazando a empleados de planta y alterando la estabilidad laboral en áreas clave.

Según los sindicatos de la entidad, la expansión de la planta en direcciones como la Jurídica fue abrupta, pasando de 90 a 170 funcionarios en menos de dos años, lo que provocó advertencias de traslado para algunos empleados, sin explicaciones claras más allá de la necesidad de abrir espacio a los recién incorporados.

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La preocupación central radica en que estos traslados no solo afectan la permanencia y el arraigo de los trabajadores, sino que desconocen la formación y experiencia acumulada por quienes desempeñan funciones ajustadas a sus perfiles profesionales. Los sindicatos advirtieron que, de vulnerarse el manual de funciones, se incurriría en una flagrante ilegalidad y desviación de poder, subrayando que la estabilidad laboral y el respeto a la trayectoria de los servidores públicos están en riesgo, explicaron a Semana.

En áreas como Jurídica, Planeación y Financiera, el aumento de contratos por prestación de servicios coincidió con amenazas de traslado de funcionarios a otras dependencias, incluso a unidades misionales, donde se desempeñan fiscales e investigadores. Esta situación fue interpretada por los empleados como una maniobra de las directivas para sortear la restricción legal que impide ampliar la planta de personal más allá de los cargos autorizados, recurriendo a la figura de la contratación por servicios para incorporar a personas recomendadas por los directores, conocidas como “cuotas de los directores”.

Los sindicatos remitieron un documento a la fiscal Luz Adriana Camargo solicitando explicaciones sobre la salida de servidores y la llegada de nuevos contratistas que, en muchos casos, solo cuentan con buenas referencias y carecen de experiencia relevante. En el escrito, los representantes sindicales expresaron: “Llama poderosamente la atención que esta decisión, que presumiblemente fue evaluada con anterioridad, haya sido comunicada a los servidores apenas en días pasados, sin mediar comunicación oficial por parte de su despacho o de la Dirección Ejecutiva, en consideración a la trascendencia y repercusiones de la misma y que, incluso, está en contravía de una de las banderas de esta administración: El respeto es la clave”.

El temor de los funcionarios se acentúa por la posibilidad de que quienes sean trasladados desde direcciones administrativas terminen en despachos de fiscales o en escenarios de investigación como el CTI, sin contar con la experiencia ni los requisitos mínimos para asumir esas responsabilidades. Según los sindicatos, la intención de las directivas sería enviar secretarios y empleados administrativos a cargos misionales, lo que implica un cambio radical en las funciones y responsabilidades, ya que pasarían de tareas financieras y secretariales a apoyar procesos judiciales complejos.

Este tipo de cambios, advirtieron los trabajadores, no solo impactará la dinámica interna de la Fiscalía y el avance de las investigaciones, sino que repercutirá en la atención a los ciudadanos, quienes deberán esperar a que los nuevos funcionarios se actualicen o se adapten a sus nuevas funciones, lo que podría retrasar los procesos judiciales y afectar la eficiencia institucional.

Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones

Un escándalo de corrupción sacude a la Fiscalía General de la Nación en Colombia bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.

Según revelaciones obtenidas por Semana, funcionarios de la entidad estarían implicados en la venta de expedientes reservados de investigaciones de alto perfil, aprovechando las debilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif).

Este esquema, que involucraría sumas de hasta $200 millones por cada expediente filtrado, pone en entredicho la integridad del sistema judicial y la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico.

De acuerdo con información recabada por el medio mencionado, el modus operandi del llamado “cartel de expedientes” consiste en traficar con documentos confidenciales de investigaciones clave, entregados en dispositivos USB a cambio de pagos millonarios.