
La captura de siete personas, seis de ellas de nacionalidad venezolana, marcó el desenlace de una investigación de más de 10 meses que permitió desmantelar una red dedicada a la explotación de menores en Medellín (Antioquia).
El operativo, liderado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y ejecutado en la concurrida calle 10 del sector de El Poblado, reveló un esquema de mendicidad en Medellín y reventa de productos donados por turistas, principalmente extranjeros, según información obtenida por El Tiempo.
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El despliegue policial, que culminó el jueves 11 de septiembre, fue el resultado de meses de trabajo encubierto por parte del grupo de protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Durante este periodo, agentes infiltrados observaron el accionar de los implicados, que operaban en un circuito que abarcaba la calle 10, el Parque Lleras y Provenza, zonas reconocidas por su alta afluencia de turistas.
En el operativo final, las autoridades capturaron a siete personas y detuvieron a otras seis, a quienes se les incautaron carteles y productos adquiridos por extranjeros.
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Así operaba peligrosa red criminal
La investigación permitió identificar el modus operandi de la red: los detenidos instrumentalizaban a menores de edad, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas vulnerables, para conformar “familias fachada” que se instalaban durante largas jornadas en las calles de El Poblado.
Aprovechando la presencia de turistas extranjeros, los implicados utilizaban carteles plastificados escritos en inglés, en los que solicitaban ayuda económica o, en su defecto, la compra de tarros de leche y pañales para los niños que los acompañaban.
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Los turistas, conmovidos por la situación, accedían a comprar estos productos en farmacias cercanas y los entregaban a las mujeres con menores en brazos.
Los productos donados no se destinaban al bienestar de los menores. Según la investigación citada por medio, las mujeres entregaban los artículos recolectados a los delincuentes que dirigían la operación.
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Posteriormente, estos acumulaban los productos y los vendían en comercios especializados de la ciudad, obteniendo un beneficio económico total.
Las autoridades estiman que la red generaba ingresos superiores a $180 millones mensuales por la reventa de estos productos, cifra que evidencia la magnitud del negocio ilícito.
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La problemática de la mendicidad con menores de edad en Medellín, especialmente en la comuna 14, tiene raíces profundas y se ha convertido en parte del paisaje urbano para los habitantes de la zona.
La presencia de niños, incluso bebés de pocos meses, acompañando a adultos en situación de mendicidad impacta de manera particular a los turistas extranjeros, que suelen responder con generosidad ante estas escenas.
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La instrumentalización de menores, en muchos casos de la comunidad Embera Katío, y la conformación de falsas familias para solicitar limosnas, reflejan la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales y la sofisticación de las redes que explotan esta realidad.
Al respecto, el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó la importancia de la operación La cara oculta de la caridad.
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“La Policía presenta resultados contundentes en la lucha contra la criminalidad en Medellín. Durante 10 meses mujeres y hombres de la Policía trabajaron con compromiso y disciplina en esta operación que permitió desmantelar una estructura dedicada al uso de menores de edad instrumentalizándolos para la mendicidad. Gracias a labores de vigilancia, seguimiento, análisis de líneas telefónicas, entrevistas y entregas vigiladas, se logró la captura de siete personas por delitos como concierto para delinquir y explotación de menores de edad”.
La investigación contó con la participación activa de Migración Colombia, que acompañó el operativo debido a la condición de extranjeros de la mayoría de los implicados. Los agentes encubiertos sorprendieron a los responsables mientras vigilaban a las personas instrumentalizadas y materializaron las órdenes de captura en coordinación con funcionarios migratorios.
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