La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre las dificultades que atraviesan varias zonas del país frente al próximo proceso democrático.
En voz de su directora, Alejandra Barrios, se expresó inquietud por el aumento de hechos de violencia política en cuatro departamentos específicos: Cauca, Valle del Cauca, Bolívar y Norte de Santander.
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Según explicó, si las elecciones debieran realizarse de inmediato, en estas regiones se registraría una situación de riesgo elevado.
Durante su intervención en el Congreso número 50 de Colfecar, la directora de la MOE expuso que la situación en estas áreas se ha vuelto particularmente compleja por la presencia de actores armados ilegales y por los incidentes que afectan directamente el ejercicio político.
“La Misión de Observación Electoral hoy tiene unas regiones que son las de mayor preocupación en materia de violencia política y presencia de grupos armados ilegales, estamos hablando indiscutiblemente del departamento del Cauca, estamos hablando del Valle del Cauca, departamento de Bolívar donde se concentran hechos de violencia letal y el departamento de norte de Santander. En estos cuatro departamentos nosotros consideramos que si en este momento fueran las elecciones obviamente tendríamos una alerta de riesgo alto”, señaló Barrios, citada por Caracol Radio.
La funcionaria explicó que el informe presentado busca advertir a las autoridades sobre la urgencia de tomar decisiones que reduzcan las amenazas existentes.
Según afirmó, “la información que entregamos sobre estos cuatro departamentos significa que hay que adoptar las medidas necesarias para poder hacer un manejo de riesgo adecuado, que permita ir a un proceso electoral con seguridad para los candidatos, para los jurados de votación, para los funcionarios públicos y para los ciudadanos que se acercan a votar”.
En ese mismo contexto, la MOE aclaró que, con el panorama actual, si las elecciones fueran convocadas en cuestión de días, sería inevitable trasladar algunos puestos de votación desde las áreas rurales hasta las cabeceras municipales. La organización explicó que este tipo de decisión implicaría una limitación en el acceso al derecho fundamental al voto para comunidades apartadas. Sobre este punto, Barrios remarcó que esa circunstancia representa, en la práctica, “denegar el derecho de algunos ciudadanos o ciudadanas a ejercer el derecho del voto y esto pasa sobre todo en las zonas rurales”, citó Caracol Radio.
A pesar de lo anterior, la MOE insistió en que el país todavía cuenta con un margen de tiempo importante antes de que se realicen las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Ese espacio permitiría que tanto el Gobierno nacional como las autoridades competentes desarrollen estrategias que ofrezcan las garantías necesarias.
La directora Barrios aseguró que ya se han definido territorios prioritarios en materia de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, con el propósito de reforzar la presencia institucional. De acuerdo con sus declaraciones, “se están haciendo los ajustes necesarios de seguridad en los territorios que las Fuerzas Armadas colombianas han definido como de mayor prioridad. El Gobierno ya tiene conocimiento de eso, ya ha implementado algunas medidas precisamente para garantizar las elecciones en esos cuatro departamentos”, manifestó, según recogió Caracol Radio.
El llamado de la MOE no se limitó únicamente al refuerzo de seguridad en las regiones mencionadas. La directora también resaltó la importancia de mantener activa la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, instancia en la que participan diferentes actores y que funciona como un espacio de coordinación y evaluación de riesgos. Según puntualizó, es necesario que esa comisión se convoque con mayor frecuencia para revisar los avances y responder oportunamente a las situaciones que se presenten.
En sus palabras, Barrios recordó que el último encuentro de esta comisión se llevó a cabo hace más de mes y medio, por lo que reiteró la necesidad de darle continuidad al mecanismo de manera permanente. Considera que este espacio resulta esencial para el diseño y la implementación de acciones concretas que permitan afrontar los desafíos en los territorios más afectados por la violencia política.
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