Las mafias del robo de autopartes tienen en jaque a Colombia: 19.000 motos y 5.000 carros desaparecieron en siete meses

Los talleres mecánicos, bodegas de repuestos y patios de motos en todo el país sienten cada vez con más fuerza el peso de una amenaza que va mucho más allá de las pérdidas económicas. El hurto de vehículos y autopartes se convirtió en un desafío para la seguridad vial y para la estabilidad de miles de empleos vinculados al sector automotor, mientras las redes dedicadas a este delito perfeccionan sus métodos para mover mercancía ilegal sin dejar rastro.

Las cifras oficiales no dejan dudas sobre la magnitud del problema. Entre enero y julio de 2025, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional reportó el robo de 19.638 motocicletas, 5.100 vehículos y 2.900 autopartes, con un impacto cercano a $410.000 millones. El mercado negro encuentra en piezas de alta rotación su mayor ganancia, espejos laterales, unidades de control electrónico (ECU) y llantas son los preferidos por quienes trafican con estos bienes.

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La selectividad de las bandas también se evidencia en las marcas, un patrón que revela hasta qué punto estos delitos responden a lógicas de mercado y no solo a la oportunidad del momento. En el segmento de automóviles, los reportes oficiales indican que Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda encabezan la lista de los modelos más afectados, por la alta demanda de sus componentes en el comercio paralelo. En el universo de las motocicletas, la situación no es distinta, Bajaj y AKT aparecen de forma recurrente en los registros de hurto, confirmando que las redes criminales priorizan aquellas referencias que pueden ubicar con mayor rapidez en talleres informales o plataformas de venta sin control.

El atractivo de este negocio radica en la facilidad con la que los delincuentes logran colocar los repuestos robados en canales irregulares. Basta con que las piezas lleguen a una bodega clandestina o a un punto de venta informal para que se diluya cualquier rastro de su origen ilícito. Esa capacidad de mover mercancía sin dejar huella explica por qué, a pesar de los operativos y campañas de prevención, el fenómeno mantiene su rentabilidad y resulta tan difícil de erradicar.

Pero, el robo de autopartes y vehículos no es el único flanco de preocupación para el sector. A esa amenaza se suma el contrabando de repuestos, un flujo silencioso que también mina la estabilidad del comercio formal. La Dian estima que cerca del 10% de los repuestos que ingresaron al país en 2024 lo hicieron de manera ilegal, un volumen que, convertido a cifras, equivale a unos 260 millones de dólares. Ese torrente de mercancía sin control impacta directamente en los ingresos de los distribuidores y fabricantes que cumplen con la normatividad, debilitando su capacidad para sostener empleos formales y competir en igualdad de condiciones.

Algunos episodios muestran hasta qué punto estas estructuras desarrollaron capacidad logística. El 24 de agosto, por ejemplo, delincuentes robaron 986 baterías Willard de una bodega en Bogotá perteneciente a la compañía Peláez hermanos. La mercancía, avaluada en cerca de $800 millones, desapareció en cuestión de horas, confirmando que el robo masivo de autopartes es hoy un negocio planificado con precisión.

Frente a este panorama, Asopartes puso sobre la mesa una hoja de ruta que va mucho más allá de un simple llamado de atención. El gremio propuso una estrategia integral en la que confluyan control, pedagogía y acción judicial, con el propósito de cerrar los espacios que hoy aprovechan las redes criminales. Entre sus prioridades está reforzar la trazabilidad de cada repuesto que ingrese o circule en el mercado, de modo que se pueda rastrear su origen y verificar su legalidad antes de llegar al consumidor final.

La propuesta también busca consolidar un sistema de compras seguras, apoyado en plataformas confiables y en la exigencia de facturas o certificados de procedencia, para evitar que los compradores terminen siendo parte involuntaria de un engranaje delictivo. Otro de los frentes clave es la judicialización efectiva de las organizaciones que alimentan el robo y el contrabando, no basta con incautar mercancía, señalaron, si quienes están detrás de estas estructuras permanecen en libertad y continúan operando.