Justicia restaurativa bajo la lupa: el rol de la ONU en las primeras sentencias de la JEP por secuestros y falsos positivos

Con la emisión de las dos primeras sentencias por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia —una relacionada con casos de secuestro cometidos por las extintas Farc-EP y otra sobre ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, atribuidas a integrantes de la fuerza pública— el proceso de justicia transicional entra en una nueva etapa.

Este momento, calificado como un “hito histórico” por el secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, también marca el inicio de un papel central para la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

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El jefe interino de dicha Misión, Raúl Rosende, explicó en detalle cuál será el rol del organismo internacional en este proceso, destacando que la verificación del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP es clave para que la justicia restaurativa se traduzca en resultados concretos para las víctimas y las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Verificación de sanciones

“La emisión de las dos primeras sentencias por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido saludada por el secretario general de Naciones Unidas y por todo el sistema de Naciones Unidas en Colombia. La justicia restaurativa busca rendición de cuentas, no repetición de los crímenes y satisfacción de los derechos de las víctimas”, recordó Rosende.

En virtud del mandato otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU, la Misión de Verificación tendrá dos responsabilidades principales en esta nueva etapa.

Primero, deberá constatar que las personas sancionadas por la JEP estén cumpliendo con las sanciones restaurativas impuestas. Estas sanciones, que no contemplan penas privativas de la libertad, están enfocadas en la reparación colectiva, la contribución a la verdad y la reconstrucción del tejido social.

Segundo, la misión también verificará si el Estado colombiano está generando las condiciones necesarias para que las sentencias puedan ser implementadas de manera efectiva en los territorios. Estas condiciones incluyen desde aspectos logísticos y de seguridad, hasta apoyo institucional, financiero y técnico.

Informes al Consejo de Seguridad y presencia en los territorios

La misión presentará informes trimestrales al Consejo de Seguridad de la ONU sobre ambos aspectos: el cumplimiento de las sanciones por parte de los comparecientes ante la JEP y la adecuación de las condiciones estatales para la ejecución de los proyectos restaurativos. Según Rosende, este ejercicio de verificación se realizará con total imparcialidad e independencia.

“Nos vamos a apoyar en nuestra robusta y extendida presencia territorial. La Misión de Verificación de la ONU está presente en algunas de las zonas más alejadas y más afectadas históricamente por el conflicto y la violencia. Esta presencia nos permite estar en contacto directo con las comunidades, con las organizaciones comunitarias y con las víctimas”, explicó Rosende.

Esa cercanía territorial no solo facilita el monitoreo en terreno, también permite mantener un diálogo constante con quienes han sufrido directamente los impactos del conflicto. “Escuchando a las víctimas se podrá garantizar que los proyectos de carácter restaurativo realmente coincidan con sus expectativas y necesidades”, enfatizó.

Un llamado a la acción: urgencia en la implementación

Uno de los mensajes más insistentes de Rosende en su intervención fue la necesidad de avanzar rápidamente en la implementación de las sentencias. Enfatizó que la eficacia y celeridad en este proceso son esenciales para que las comunidades perciban de forma tangible los beneficios del proceso de paz.

“Es fundamental avanzar de manera rápida con el proceso de implementación de las sentencias, porque de esa manera las comunidades que habitan en estos territorios van a percibir de una manera mucho más tangible los efectos y los beneficios del proceso de paz”, afirmó.

En esa línea, Rosende hizo un llamado tanto a las autoridades estatales como a los sancionados: al Estado, para que movilice todos los esfuerzos institucionales necesarios para crear las condiciones de cumplimiento; y a los responsables de los crímenes para que mantengan su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición.

Finalmente, Rosende reiteró “el fuerte compromiso de la Misión de Verificación de la ONU y del sistema de Naciones Unidas en general con la consolidación de la paz en Colombia”, concluyó.