Procuraduría realizó importante anuncio sobre denuncias de acoso sexual en el sector público: “Ha dejado a las víctimas sin garantías”

La Procuraduría General de la Nación adoptó la medida de centralizar en el Ministerio Público la competencia exclusiva para investigar disciplinariamente casos de acoso sexual en los sectores público y educativo.

A partir de la Circular 006 del 10 de septiembre de 2025, firmada por el procurador Gregorio Eljach, todas las oficinas de control interno disciplinario del país están obligadas a remitir de inmediato a las procuradurías provinciales, regionales o delegadas todos los procesos y quejas sobre acoso sexual que se encontraban adelantando.

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La circular especifica que esta medida se fundamenta en una interpretación combinada de la Ley 1010 de 2006 y la Ley 2365 de 2024, y que la competencia disciplinaria exclusiva no aplica para servidores de la rama judicial, cuyos procesos seguirán en la órbita de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La Procuraduría destacó que la directriz es de cumplimiento obligatorio y que la omisión de medidas preventivas y correctivas por parte de empresas e instituciones será tomada como tolerancia frente al acoso sexual.

De esta manera, el marco jurídico aplicado incluye tanto leyes nacionales como instrumentos internacionales, con particular énfasis en la Ley 2365 de 2024, que busca garantizar el derecho a una vida libre de violencias y no discriminación.

En el texto de la circular se aclara que, contrariamente a lo que sucede en el acoso laboral, en los casos de acoso sexual no es necesario agotar trámites previos ante Comités de Convivencia Laboral, pues no se trata de una conducta susceptible de conciliación y debe ser objeto de investigaciones penales y disciplinarias simultáneamente.

La circular dispone que todas las entidades públicas y empleadores privados, así como aquellos que contraten mediante prestación de servicios, deben implementar políticas, protocolos, rutas de atención y campañas de sensibilización contra el acoso sexual.

Entre las obligaciones se cuentan garantizar la no represalia a denunciantes y testigos, así como ofrecer capacitaciones obligatorias con enfoque de género a directivos y funcionarios. También se estableció que a más tardar el 31 de diciembre de cada año, las entidades públicas remitan a la Procuraduría un informe anual con avances en políticas y acciones preventivas.

El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación recibieron instrucciones para ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas medidas en empresas y en instituciones educativas, respectivamente.

La Procuraduría General, bajo la dirección de Gregorio Eljach Pacheco, expidió la circular estableciendo directrices claras para la prevención de la violencia sexual y de género dentro de entidades públicas y privadas en el país.

El procurador enfatizó la urgencia de que el Gobierno nacional expida el Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual, el cual debía estar listo desde el 20 de junio de 2025, conforme al plazo fijado por la ley. “La falta de reglamentación ha dejado a las víctimas sin las garantías necesarias para su protección y atención”, señaló Eljach Pacheco en la circular, instando a agilizar la emisión de las normas faltantes.

La directiva no solo exige que las entidades establezcan políticas, protocolos y rutas de atención para casos de acoso sexual, sino que impulsen la realización de capacitaciones y campañas preventivas. Según detalla el documento, estas acciones buscan alinear a las instituciones con los compromisos internacionales, nacionales y regionales en materia de derechos y protección frente a la violencia de género.

En el plano disciplinario, la circular establece que la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos involucrados en casos de acoso sexual corresponde únicamente al Ministerio Público y a las personerías municipales y distritales. De este modo, las oficinas de control interno dejarán de ser responsables de estos procedimientos disciplinarios, con el objetivo de dotar de mayor independencia y rigurosidad a las investigaciones.