Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió sentencia contra siete exintegrantes del secretariado de las Farc, entre ellos su antiguo comandante, Rodrigo Londoño.
Los comparecientes recibieron una sanción de ocho años en el marco del sistema de justicia transicional, con medidas de restricción a la movilidad y trabajos restaurativos, sin pena de prisión.
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Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y representante de un amplio grupo de víctimas, intervino en el programa W Sin Carreta e la W Radio para dar un balance de la decisión judicial.
La jurista recordó que en el Acuerdo Final de 2016 se incluyeron diferentes regímenes sancionatorios, entre ellos el de sanciones propias. Según explicó, “este aplica a las personas que ingresaron de manera voluntaria a la jurisdicción, reconocieron todos sus crímenes y, por ende, reciben sanciones inferiores”. En ese sentido, precisó que la pena debía estar en un rango de entre cinco y ocho años. Por eso subrayó: “la sentencia que se dio fue la más alta”.
Rodríguez añadió que la condena contempla un mecanismo de vigilancia tecnológica. “En la sentencia se estableció que cada uno de los excomandantes está condenado a 8 años de pena, tendrán un brazalete de geolocalización permanente”, afirmó durante la entrevista citada por W Radio.
La representante de víctimas señaló que la resolución judicial definió que los sancionados participen en proyectos con impacto colectivo. Entre ellos mencionó iniciativas de memoria y reparación simbólica, planes de búsqueda de personas desaparecidas, programas ambientales y acciones relacionadas con minas antipersonal. Sin embargo, destacó que la decisión no especifica cuánto tiempo deben dedicar a cada uno de estos componentes.
En diálogo con la emisora, Rodríguez aseguró que en general hubo aceptación frente a la condena, pues esta no se limitó al delito de secuestro. “En general, las personas están satisfechas con la condena no solo porque fueron condenados por secuestro, sino también por asesinato, violencia sexual, etc. Sin embargo, hay una molestia general, pues no se especificó en donde deben cumplir la condena”.
La decisión de la JEP contra los exjefes de las Farc marca un precedente dentro del modelo de sanciones propias previsto en el sistema transicional. Estos castigos buscan combinar la restricción efectiva de derechos con un aporte directo a las víctimas y a la sociedad, a través de proyectos restaurativos y de reconocimiento de responsabilidad.
Rodríguez insistió en que la condena impuesta fue la máxima prevista en este marco jurídico. La directora de la CCJ enfatizó que el resultado es una aplicación estricta de los parámetros fijados en el Acuerdo de Paz, ya que los antiguos comandantes reconocieron de manera explícita los crímenes atribuidos a su mando.
La decisión ha suscitado reacciones diversas en la opinión pública, especialmente en sectores que reclaman mayor claridad sobre las condiciones en que se desarrollarán los trabajos restaurativos. Aunque la JEP estableció los cuatro ejes de cumplimiento, aún falta definir la forma operativa de cada actividad y la supervisión que garantice su implementación.
Rodríguez recordó que la Comisión Colombiana de Juristas acompaña a las víctimas en este proceso y seguirá verificando que se cumplan las medidas establecidas en la sentencia. Su participación busca garantizar que las sanciones se traduzcan en un aporte real a la verdad, la reparación y la memoria histórica.
La sanción de ocho años, sumada a la obligación de portar dispositivos de monitoreo y a la participación en proyectos colectivos, se convierte en un paso central dentro del proceso de justicia transicional. Para Rodríguez, el hecho de que la condena haya alcanzado el máximo posible dentro de la escala de sanciones propias reafirma el marco acordado en 2016 y abre la etapa de ejecución en la que deberán materializarse los compromisos asumidos por los excomandantes.
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