El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta oficial de X que la actividad ilícita asociada al oro genera mayores ingresos para los grupos armados que el narcotráfico.
Con esta aseveración, el presidente propone que el Banco de la República sea el único comprador autorizado de oro a través de una reforma constitucional.
“Hoy la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína. Le propongo al Banco de la República volver a ser la única entidad compradora mediante reforma constitucional. Se acabaría la financiación a los grupos ilegales y llegarían los impuestos a las regiones auríferas (zonas ricas en yacimientos de oro)”, afirmó la publicación del mandatario.
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Esta medida, señaló, permitiría eliminar los recursos financieros de los grupos ilegales y garantizaría la recuperación fiscal en las regiones auríferas.
Usuarios en redes sociales reaccionaron inmediatamente a la publicación del presidente Petro. Criticaron su propuesta y la catalogaron como “una ocurrencia más”.
“Entonces mediante ley se acaba comercialización ilegal de oro que es hoy del 80%? Mejor saque decreto y listo, Jajajajaja“, ”Lo que usted en realidad busca es quitarle la autonomía del Banco de la República“, ”El Banco de la República ya compra oro, imbécil. Léase la Ley 31 de 1992 y luego opine. Volverlo un monopsonio del oro no arregla el problema. ¿Sí le cabe en su cabecita que los grupos ilegales no están sujetos a ninguna normativa?“ y ”Excelente idea, te me vas pareciendo demasiado a Jimmy Neutron excelente“, fueron algunos de esos comentarios.
Incluso, la analista política de oposición, Ana Abello, también le respondió al presidente: "El 80% de la producción del oro fruto de la minería ilegal sale por las fronteras, incluyendo Venezuela donde está el Cartel de los Soles que usted niega. Colombia se convirtió en un paraíso para los bandidos mientras que su gobierno persigue la minería Legal“.
Deuda externa de Colombia marca récord y genera alarma fiscal
La deuda externa de Colombia alcanzó un nuevo récord en junio de 2025, situándose en USD 207.036 millones, lo que representa el 48.1% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco de la República.
Este incremento ha generado inquietud entre analistas y organismos de control, que advierten sobre los riesgos fiscales derivados de las recientes estrategias de financiamiento implementadas por el Gobierno.
El Banco de Bogotá advirtió que la ampliación de la colocación de bonos de deuda externa incrementa la exposición de Colombia a los mercados internacionales en un contexto de mayor incertidumbre, especialmente por el deterioro de la situación fiscal. Para 2025 y 2026, el Gobierno prevé colocar USD7.000 millones y USD6.500 millones en deuda externa, respectivamente, cifras superiores a las registradas durante la pandemia.
Además, la entidad señaló que estas operaciones de tesorería representan este año más del 40% de las fuentes locales de financiamiento.
En el primer semestre de 2025, la deuda pública externa sumó USD116.702 millones, mientras que la deuda privada externa alcanzó USD90.334 millones.
La mayor parte corresponde a obligaciones de largo plazo, con USD174.017 millones, frente a USD33.019 millones de corto plazo.
El servicio de la deuda externa de largo plazo ascendió a USD7.066 millones en el segundo trimestre, con el sector público aportando USD3.146 millones y el privado USD3.920 millones.
Durante una gira por Medio Oriente en febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro mencionó la posibilidad de que varios países árabes asuman una parte sustancial de la deuda externa colombiana.
“Uno de los resultados de esta gira es que logramos la posibilidad, la intención de comprar, por iniciativa de varios países árabes, una parte sustancial de la deuda externa de Colombia”, explicó Petro en una entrevista con el periódico Vida del Gobierno Nacional.
Hasta el momento, no se han divulgado detalles concretos ni cifras específicas sobre esta eventual transacción. El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Crédito Público, ha diseñado una estrategia de endeudamiento enfocada en el corto plazo, priorizando la reducción de costos financieros, aunque esto implique un mayor riesgo de refinanciación.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta que el déficit de $38.8 billones (2% del PIB) previsto para este año se cubrirá con un aumento de fuentes de financiamiento por $56.6 billones, incrementando la disponibilidad de recursos.
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