El futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia enfrenta un momento crítico tras las recientes advertencias de Washington sobre la necesidad de restablecer de manera plena las extradiciones de narcoterroristas y de intensificar la lucha contra los cultivos ilícitos.
El embajador encargado de Estados Unidos, John McNamara, afirmó que estas medidas son “clave para la seguridad de ambos países” y fundamentales para que Colombia recupere la certificación plena en materia de política antidrogas.
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Durante el evento “Fomentando negocios entre Colombia y Estados Unidos”, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en Bogotá, McNamara mantuvo un encuentro con empresarios y funcionarios, donde señaló que la suspensión parcial de extradiciones y la caída en la efectividad de las incautaciones de cocaína son motivo de seria preocupación para Washington.
Según datos presentados por el diplomático, mientras que en 2021 Colombia logró incautar cerca del 54 % de la producción estimada de cocaína, en 2022 esa cifra descendió al 39 % y en 2023 cayó aún más, al 32 %.
“La vía principal para que Colombia salga de la lista de países que, a juicio de Estados Unidos, han fallado en el combate contra el narcotráfico, es la reducción de los cultivos de coca y el restablecimiento pleno de las extradiciones. Pedimos reestablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunas, todas, eliminando las suspensiones actualmente vigentes. Esa es una medida clave para garantizar la seguridad de ambos países”, subrayó McNamara.
El embajador también destacó que, a pesar de la descertificación reciente, la cooperación bilateral y las relaciones comerciales no se verán interrumpidas. “El proceso de descertificación no implica la suspensión de programas clave ni de ayudas no humanitarias. Becas, asistencia humanitaria y proyectos de Usaid continuarán. Tampoco habrán restricciones consulares: seguimos recibiendo miles de solicitudes de visa”, indicó.
McNamara insistió en que, pese a las diferencias entre ambos gobiernos, existen oportunidades para fortalecer la relación económica y comercial. “Estamos en una encrucijada, y a pesar de las diferencias en algunos temas significativos, mi voz y voto están destinados a fortalecer de manera conjunta nuestros esfuerzos para superar los desafíos comunes y aprovechar las oportunidades que se nos presentan”, afirmó.
El diplomático estadounidense enfatizó la urgencia de actuar rápidamente sobre los cultivos ilícitos y las extradiciones. “Reducir la producción de cocaína e incrementar aún más las incautaciones de este veneno. Y eliminar las suspensiones de extradiciones de narcoterroristas, para el bienestar y protección de los ciudadanos de ambos países”, recalcó.
Frente a estas demandas, el presidente colombiano Gustavo Petro defendió la actuación de su Gobierno y recordó que la ley colombiana establece que, en procesos de paz avanzados, la extradición puede suspenderse de manera condicionada.
A través de su cuenta de X, Petro aclaró que todos los extraditables a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable ya fueron extraditados, mientras que tres casos permanecen suspendidos por estar incluidos en procesos de paz. “El presidente obedece la ley colombiana, no las órdenes de gobiernos extranjeros”, enfatizó.
La postura del Gobierno colombiano refleja la tensión entre la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales y la aplicación de la ley interna, que contempla la suspensión temporal de extradiciones en casos de procesos de paz.
Expertos coinciden en que este escenario podría convertirse en un punto de fricción en la relación bilateral, especialmente en un momento en que Estados Unidos busca garantizar la seguridad regional y la reducción de los cultivos de coca.
Además de McNamara y Petro, autoridades colombianas han insistido en la complejidad de la lucha contra el narcotráfico, que incluye factores sociales y económicos más allá de la mera represión policial.
La baja en las incautaciones de cocaína, según McNamara, refleja la necesidad de un enfoque integral que combine cooperación judicial, inteligencia, interdicción y desarrollo alternativo para los cultivadores de hoja de coca.
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