La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el concejal de Bogotá Edison Julián Forero Castelblanco conocido como “Fuchi”, tras múltiples denuncias sobre su papel en la convocatoria de manifestaciones que derivaron en alteraciones del orden público en la capital del país. La decisión fue notificada formalmente en un auto emitido el 16 de septiembre de 2025.
De acuerdo con el informe firmado por autoridades disciplinarias, la apertura de la investigación se fundamenta en diferentes reportes de medios de comunicación, que destacaron la participación del concejal en la organización y promoción de protestas protagonizadas por motociclistas, bloqueos y marchas que paralizaron varios sectores de la ciudad.
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Uno de los artículos citados en el expediente es una publicación de El Tiempo, en la que se destaca: “El polémico concejal de Bogotá que lidera la convocatoria a la movilización de este martes 16 de septiembre”. El medio señala que Julián Forero ha sido protagonista de varias controversias públicas y mantiene un comparendo pendiente de pago.
En la jornada del martes 16 de septiembre, la capital experimentó una nueva ola de movilizaciones impulsada por diversos gremios del sector transporte. De acuerdo con los reportes recogidos, la convocatoria fue liderada directamente por el concejal Forero, que ha mantenido una postura crítica frente a la gestión del Gobierno distrital en asuntos de movilidad. Entre los temas reiterados en sus intervenciones se encuentran los problemas de congestión vehicular, las cámaras de foto multa y el accionar de los agentes de tránsito.
Desde semanas previas, Julián Forero lanzó repetidos llamados en redes sociales manifestando su inconformidad con las políticas de movilidad de la administración local. Asimismo, advirtió públicamente que, de no establecerse un diálogo abierto entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gremio de conductores, se coordinarían acciones de protesta en la ciudad.
Cabe señalar que el recorrido hasta las manifestaciones registradas en la mañana y tarde del marte 16 de septiembre, comenzó el miércoles 3 del mismo mes cuando el cabildante convocó una reunión con diversos líderes de conductores — encuentro que se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá—, con el fin de discutir los diferentes malestares y quejas que tenían con la gestión de la Secretaría de Movilidad.
Allí, los participantes compartieron una serie de opiniones, solicitudes y propuestas, en medio de un ambiente marcado por la inconformidad generalizada. Las preocupaciones centrales giraron en torno al crecimiento de la congestión vehicular, el aumento de frentes de obra que limitan los corredores viales, denuncias de abuso por parte de las autoridades de tránsito, la falta de eficiencia institucional en el distrito y el supuesto direccionamiento inadecuado de los fondos destinados a movilidad.
De este encuentro, los líderes gremiales, entre otros, fijaron dos acciones inmediatas. La primera fue la radicación de una carta al alcalde Carlos Fernando Galán —que no fue correspondida por el mandatario— demandando una reunión formal; y la segunda, reclamaron la renuncia inmediata de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta, a quien señalaron por las fallas constantes en la gestión del tráfico, permisividad ante presuntas irregularidades internas
“Si no lo hace, el 16 de septiembre saldremos a las calles en una gran movilización de conductores y motociclistas. Somos quienes movemos la ciudad y merecemos respeto”, señaló el cabildante, como vocero de los participantes, al concluir la reunión.
Además, a Forero se le señala de una presunta agresión verbal y física contra José Camilo Castilblanco, periodista de City Tv, mientras cubría la protesta social del 16 de septiembre de 2025. Este hecho, junto a la convocatoria realizada entre agosto y septiembre de 2025 por parte del concejal a conductores de motocicletas y taxistas, conforma el núcleo disciplinariamente relevante.
De acuerdo con la Procuraduría, los hechos que motivaron la apertura de la investigación corresponden a la posible incidencia de estas convocatorias en la parálisis de importantes vías urbanas y los inconvenientes generados para la movilidad y la seguridad ciudadana durante las jornadas de protesta.
Finalmente, la entidad continuará el proceso de indagación para determinar si la actuación del concejal Forero se ajustó a la legalidad y los lineamientos éticos exigidos para los servidores públicos en Colombia. Mientras tanto, el investigado podrá ejercer su derecho de defensa dentro del proceso.
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