Daniel Briceño ratificó su acusación contra la Paz Total por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Todo el país debe saber la verdad”

El representante electo a la Cámara, Daniel Briceño, se ratificó en sus denuncias sobre la responsabilidad de la llamada Paz Total en la muerte de Miguel Uribe Turbay y rechazó cualquier solicitud de retractación enviada por los negociadores de este proceso.

“Yo estaba estos días diciéndole la verdad al país, y es que la paz total asesinó a Miguel Uribe, y eso es una verdad que está absolutamente comprobada”, afirmó Briceño, quien además hizo un llamado directo a los miembros de la delegación de paz.

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“Este mensaje va para el señor Armando Nova García, jefe fracasado de la delegación de paz… también para la señora Gloria Arias Nieto y el señor Parmenio Cuéllar, que lo único que hacen es chupar recursos públicos y venderle fracasos a Colombia”, aseguró.

Briceño presentó una línea del tiempo con los hechos que, según él, prueban su afirmación:

• 12 de abril de 2024: La Fiscalía General de la Nación, “por solicitud del señor Gustavo Petro, suspendió la orden de captura contra alias el Zarco Aldinever, quien es hoy comprobado el asesino de Miguel Uribe Turbay”, explicó.
• 7 de junio de 2025: Con la orden suspendida, el Zarco Aldinever habría atentado contra Miguel Uribe Turbay.
• 17 de julio de 2025: La orden de captura fue reactivada, 40 días después del atentado, un lapso que Briceño calificó de “tiempo en el que el señor Zarco se pudo volar y pudo hacer lo que se le dio la gana”.
• 11 de agosto de 2025: Fallece Miguel Uribe Turbay. Ese mismo día, dijo el ministro Pedro Sánchez que alias el Zarco Aldinever había muerto.

Sin embargo, continuó Briceño, “el 24 de marzo del 2026, hace unos días, la misma Fiscalía de Petro dijo que el señor Zarco Aldinever no estaba muerto y que el señor Pedro Sánchez se había equivocado, le había mentido al país”.

El representante electo acusó al gobierno de usar la Paz Total para favorecer la impunidad: “Señores de la paz total, ustedes que trabajan es por la impunidad y no por la paz de los colombianos. Yo no me tengo que retractar y desde aquí les notifico. Todo el país, voy a ir por todo el país diciéndole y explicándole a la gente las razones por las cuales la paz total de Gustavo Petro asesinó a Miguel Uribe Turbay. Ustedes lo que son es unos burócratas que se ganan el sueldo a partir de los impuestos de la gente y no generan un resultado, solo fortalecen la criminalidad en Colombia”.

El descuido de la seguridad de Uribe Turbay

La desatención a las reiteradas solicitudes de Miguel Uribe Turbay para reforzar su esquema de seguridad antecedió su asesinato, evidenciando un posible patrón de omisión estatal.

Según documentos obtenidos por el medio Semana, el exprecandidato presidencial del Centro Democrático comunicó a las autoridades riesgos concretos contra su vida, sin que se atendieran sus advertencias.

El 14 de noviembre de 2024, la Unidad Nacional de Protección (UNP) expidió la resolución DRGP 011827, reconociendo un “riesgo extraordinario” para Uribe Turbay y estableciendo un esquema compuesto por dos vehículos y tres agentes de protección, extensivo a su esposa, María Claudia Tarazona, sus tres hijastras y su hijo menor.

La resolución, firmada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, mantuvo las medidas vigentes pese a las insistentes solicitudes del senador para fortalecer su resguardo y el de su familia, incluso cuando, el 30 de abril de 2024, alertó sobre amenazas de organizaciones como las Farc, ELN, el Clan del Golfo y el M-19, particularmente tras anunciar su precandidatura presidencial.

Riesgos advertidos y protocolos insuficientes

Uribe Turbay expuso ante la Policía Nacional y la UNP la gravedad de las amenazas, enfatizando su condición de hijo de Diana Turbay, secuestrada y asesinada por Los Extraditables en 1991, y su rol de opositor al gobierno de Gustavo Petro.

En la diligencia del 30 de abril de 2024 ante la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), afirmó: “Ha realizado fuertes pronunciamientos frente a temas de relevancia… la ley de paz total, acuerdos de paz con las Farc, ELN y demás grupos armados ilegales, presentados por el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego”. Estas declaraciones formaban el núcleo de su solicitud para ampliar la protección.

Uribe Turbay pidió explícitamente que el esquema incluyera medidas para su vivienda, apoyo en desplazamientos fuera de Bogotá y coordinación interinstitucional permanente.

En un oficio del 25 de marzo de 2025, solicitó que “se brinde el apoyo... en la asignación de un vehículo y un hombre de protección que garanticen mi seguridad”, citando el precedente de la protección reforzada que recibió la congresista María José Pizarro en 2021 por amenazas similares.