El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió el martes 16 de septiembre el alcance de la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra exintegrantes de las Farc, luego de que varias víctimas expresaran su inconformidad frente a la ausencia de condenas privativas de la libertad.
“Yo entiendo el dolor de las víctimas, especialmente de Clara Rojas, de muchas otras personas que se vieron atrapadas por este conflicto y entiendo el dolor, pero hay que entender que en La Habana se pactó un nuevo modelo, un modelo de justicia restaurativa que no implica penas privativas de la libertad”, señaló el funcionario en declaraciones a medios.
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Montealegre recordó que lo acordado hace casi una década en el proceso de paz no contemplaba cárcel ordinaria para los excombatientes, sino sanciones propias dentro de un esquema transicional. “Esto es producto del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, de una negociación que se hizo hace aproximadamente 10 años”, recalcó.
El pronunciamiento se registró tras la reacción de víctimas como la excongresista Clara Rojas, que cuestionó que los responsables de secuestros y otros crímenes no enfrenten prisión. Para Montealegre, sin embargo, el sistema fue diseñado con un enfoque restaurativo, que busca reparar y reconocer a las víctimas a través de verdad plena, actos de perdón y trabajos restaurativos, más que mediante reclusión en cárceles tradicionales.
La sentencia de la JEP, considerada histórica, abrió un debate que seguirá marcando la implementación de la justicia transicional, de un lado, el reclamo de víctimas que piden mayor rigor; del otro, la necesidad de cumplir lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
Por ahora, el Gobierno insiste en que la legitimidad del proceso depende de respetar los compromisos adquiridos, aunque reconoce que la discusión sobre cómo se repara realmente a las víctimas seguirá en el centro de la agenda pública.
Así fue la sentencia
El 16 de septiembre de 2025 quedó marcado como un día histórico para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por primera vez, el tribunal transicional emitió sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc, responsabilizándolos penalmente por la política de secuestro que aplicó la guerrilla durante el conflicto armado.
Siete de sus máximos jefes, incluido Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, fueron condenados a ocho años de sanciones restaurativas, sin cárcel. La decisión contempla restricciones efectivas a la libertad de movimiento y al ejercicio de derechos, como parte de un modelo de justicia restaurativa acordado en La Habana hace casi una década.
El magistrado Camilo Suárez fue el encargado de leer el fallo. En él se afirmó que los excomandantes son responsables de “crímenes de guerra consistentes en tomas de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”.
La sentencia hace parte del macrocaso 001, abierto en 2018, que ha investigado los secuestros cometidos por las Farc entre 1993 y 2016. Según cifras de la JEP, existen 21.396 víctimas registradas, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas ante el tribunal.
Entre los sancionados están, además de Londoño, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (“El Médico”), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (“Joaquín Gómez”), Julián Gallo (“Carlos Antonio Lozada”) y Rodrigo Granda (“Ricardo Téllez”). Todos reconocieron responsabilidad y aportaron a la verdad, condición clave para acceder a penas alternativas.
La decisión fue presentada por la JEP como “histórica”, aunque también reavivó críticas de sectores de víctimas que consideran insuficiente la ausencia de cárcel. El debate, de fondo, enfrenta dos visiones, la justicia restaurativa pactada en el Acuerdo de Paz y las demandas de mayor castigo que persisten en parte de la sociedad.
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