Mujer que fue detenida por hurto era requerida por asesinato de un adolescente en Sonsón, Antioquia

La reciente detención de dos mujeres en el barrio Estación Villa de Medellín reveló la presencia de una buscada por un delito mayor en Sonsón, Antioquia.

Las capturadas, de 37 y 43 años, fueron sorprendidas en fragancia cuando, según la Policía, hurtaron un celular avaluado en más de un millón de pesos mediante la modalidad de “cosquilleo”. Así lo detalló la Policía Nacional de Colombia en un comunicado oficial.

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La aprehensión se efectuó tras la intervención de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, que logró recuperar el teléfono robado e identificar a la autora de 37 años, que resultó tener un requerimiento judicial vigente por un hecho mucho más grave.

De acuerdo con el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, “era requerida por un juzgado del municipio” de Sonsón, al sur de Antioquia, por estar señalada como responsable de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Las investigaciones, según fuentes oficiales, vinculan a la detenida con el asesinato de un adolescente de 16 años el 23 de septiembre de 2024 en la vereda La Aldea de Sonsón. El reporte de la Policía describe que la víctima perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en modalidad de sicariato. Esta información fue confirmada durante el procedimiento de verificación de antecedentes tras la captura por hurto en Medellín.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo la acusación de hurto. Posteriormente, la implicada con orden judicial vigente fue remitida ante la autoridad competente en Sonsón, enfrentando cargos por el homicidio agravado y delitos relacionados con armas de fuego. El juzgado de control de garantías, tras la audiencia preliminar, le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El brigadier general Castaño Ramos valoró la operación como un reflejo del compromiso institucional: “Este resultado demuestra nuestra capacidad de reacción y nuestro compromiso por llevar ante la justicia a los responsables de hechos tan graves como el homicidio de un menor de edad que enluta a familias y afecta la tranquilidad de nuestras comunidades. Continuaremos actuando con toda la firmeza institucional, siempre seguros, cercanos y presentes”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

En Antioquia han sido asesinados múltiples menores de edad en los últimos meses

La problemática de los asesinatos de menores de edad en Antioquia despierta gran preocupación tanto por su dimensión cuantitativa como cualitativa. Datos oficiales muestran que entre enero y agosto de 2024 fueron asesinados 31 menores de edad en ese departamento, cifra que lo ubica como el tercer territorio con más casos en Colombia durante ese periodo, después de Atlántico y Valle del Cauca.

A nivel nacional, en esos meses se registraron 375 menores víctimas mortales por homicidio, lo que revela que Antioquia concentra un porcentaje significativo de estas tragedias.

Los hechos reportados revelan que muchos de estos asesinatos ocurren en zonas con alta violencia estructural, insuficiente presencia estatal, y condiciones de vulnerabilidad social: barrios marginales, municipios con fuerte presencia de grupos armados o pandillas, y adolescentes que enfrentan entornos con poca garantía de derechos. Un ejemplo es el caso de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde en abril de 2025 fueron asesinados dos adolescentes —de 14 y 16 años— en plena vía pública.

Otro caso se registró en Medellín, donde un menor de 16 años fue aprehendido tras presuntamente asesinar a otro joven con arma blanca luego de una riña.

Por otra parte, también preocupa la participación de menores no solo como víctimas, sino como presuntos responsables de homicidios. En Antioquia se han dado múltiples casos en los cuales adolescentes menores de edad han sido capturados o identificados como autores materiales de asesinatos, lo que pone en jaque los mecanismos de protección, rehabilitación y justicia juvenil.