Juicio a Armando Benedetti: Corte Suprema avaló pruebas solicitadas por la defensa del ministro del Interior, que comparecerá por el caso Fonade

Con la comparecencia del sindicado, la Corte Suprema de Justicia dio inicio el lunes 15 de septiembre de 2025 a la audiencia preparatoria del juicio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, que es acusado del presunto delito de tráfico de influencias al interior del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Uno de los múltiples casos que tiene el funcionario, considerado como la ‘mano derecha’ del presidente de la República, Gustavo Petro.

La diligencia, desarrollada de forma virtual por el magistrado Ariel Torres, de la Sala de Primera instancia, permitió que se adelantara una etapa clave en la investigación penal contra el jefe de la cartera política. que ha sido protagonista de una serie de investigaciones sobre la corrupción política y administrativa que aconteció en la entidad, y en la que también habrían participado otros excongresistas, como Musa Besaile, Eduardo Pulgar y Bernardo “Noño” Elías.

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El hoy miembro del gabinete, que antes se desempeñó como embajador en Venezuela y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es señalado de supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos durante el periodo en el que ejercía como senador. Es por ello que se le vinculó a presuntas maniobras para direccionar contratos a ciertos beneficiarios a cambio de favores o comisiones, según las evidencias.

Corte Suprema avaló pruebas pedidas por la defensa de Armando Benedetti

Según la decisión contenida en el Acta Extraordinaria número 73, la Sala Especial resolvió las solicitudes de pruebas elevadas tanto por el Ministerio Público, bajo la representación de la Procuraduría General de la Nación, como por la defensa de Benedetti. En específico, el alto tribunal busca establecer si el ministro intervino de manera irregular para beneficiar a la empresa Certicámara S.A. en un proceso de contratación por más de $1.000 millones.

El excongresista y ministro, al parecer, habría manipulado supuestamente los requisitos del proceso licitatorio desde su posición de influencia sobre el Fonade. La investigación judicial contra Benedetti deriva de señalamientos que apuntan a un posible reparto de cuotas políticas entre el funcionario y los exsenadores Besaile y Elías, que habrían ejercido control sobre entidades públicas, entre ellas el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo.

Durante la audiencia preparatoria, la Sala Especial admitió la incorporación de una variada serie de pruebas testimoniales y documentales. El Ministerio Público solicitó los testimonios de funcionarios y exfuncionarios de Fonade, entre ellos Hernán Mejía y Pedro Reina Palacios, cuya participación podría ser crucial para esclarecer los hechos investigados; y, de igual manera, la defensa de Benedetti propuso la verificación vía la secretaría del Senado.

En efecto, a través de un oficio dirigido a esta dependencia del Congreso, los apoderados de Benedetti presentaron documentos y solicitaron sí, entre 2016 y 2017, se requirió la comparecencia de funcionarios de Fonade a debates de control político cuando Benedetti ejercía como senador del partido de la U: en funciones que desempeñó hasta la legislatura que culminó en 2022, cuando se unió al Gobierno de Gustavo Petro.

A su turno, la Sala ordenó también, por iniciativa propia, la práctica de pruebas adicionales con el objetivo de garantizar el equilibrio y la transparencia en el proceso. Entre las medidas dispuestas figuran la recolección de este nuevo acervo probatorio, bajo el principio de control judicial y con participación activa de todas las partes convocadas; con lo que se buscaría asegurar el derecho de contradicción previsto en la ley procesal.

En ese sentido, la Corte determinó que una vez quede en firme la providencia, la práctica de pruebas se adelantará con la asistencia de la defensa, el Ministerio Público y el propio Benedetti, abriéndose la puerta a una etapa de juicio en la que se definirán -con mayor claridad- las eventuales responsabilidades del funcionario. La defensa recibió, a su vez, la aprobación de siete declaraciones consideradas como claves, con la que buscarían probar la inocencia de Benedetti.

Entretanto, el Ministerio Público obtuvo la autorización para presentar varias pruebas testimoniales consideradas relevantes, en un proceso que empezó esta etapa desde febrero de 2025: cuando la Sala de Instrucción formuló la acusación formal contra el ministro del Interior, dando paso así a la actual fase procesal, previa al inicio del juicio en el que el político barranquillero tendrá la posibilidad de presentar sus argumentos para desvirtuar los señalamientos.

La decisión de la Sala fue comunicada a las partes, que expresaron no tener recursos de apelación frente al auto, por lo que la providencia quedó ejecutoriada. En consecuencia, se acordó dar continuidad al juicio contra el ministro del Interior, en un proceso que tiene como trasfondo uno de los más resonantes escándalos recientes en la contratación estatal, que aguardará por la fecha dispuesta por el alto tribunal para convocar de nuevo a las partes implicadas.