Procuraduría alertó graves deficiencias en alimentación y salud en cárceles de Medellín y Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal, sobre la contratación del servicio de alimentación en los centros penitenciarios El Pedregal (Medellín) y el Cocuc (Cúcuta), donde se evidencian incumplimientos reiterados que presuntamente vulnerarían derechos humanos en materia de alimentación en conexidad con el derecho a la salud.

Según el Ministerio Público, la interventoría de los contratos de alimentación ha detectado múltiples fallas en los citados Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron), relacionados con la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados.

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La Procuraduría indicó que la situación impacta negativamente la salud física y mental de las más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

El Ministerio Público corrió traslado del informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al eje disciplinario de la Procuraduría, con quienes trabaja articuladamente para aunar esfuerzos frente a las deficiencias en la alimentación, un servicio público esencial que debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia.

Detalles de la situación

La cárcel El Pedregal en Medellín ha vuelto a quedar bajo la atención pública por una situación crítica relacionada con los servicios de alimentación.

El detonante de este nuevo episodio se dio el 26 de agosto de 2025, cuando los internos del patio octavo iniciaron una huelga de hambre como manifestación ante las condiciones indignas con las que reciben los alimentos.

Esta medida, adoptada a partir de las 11:00 p. m., fue la respuesta a una serie de denuncias sobre la calidad de la comida entregada, a la cual catalogan como perjudicial para la salud y muy por debajo de los estándares mínimos requeridos.

Las denuncias recogidas por medios locales detallan que las raciones distribuidas contienen alimentos en mal estado. Se reportó la presencia de agua contaminada, pollo crudo o en descomposición, verduras y tubérculos deteriorados, así como bebidas con sabores extraños.

Familiares de los reclusos han compartido que la experiencia diaria de los internos con la alimentación representa un “suplicio”, agravado porque las porciones no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas y los horarios en que se reparten resultan aleatorios e imprevisibles.

Se han relatado casos donde las comidas principales se entregan en horarios inusuales: desayunos al mediodía, almuerzos por la noche y cenas en la madrugada, situación que agrava los problemas gastrointestinales y favorece la aparición de enfermedades.

El acceso a alimentos adicionales resulta casi imposible para quienes no cuentan con apoyo económico externo, debido a los elevados costos de los productos disponibles en las pequeñas tiendas internas. Los precios, que alcanzan cifras exorbitantes para productos básicos como enlatados, galletas o golosinas, superan la capacidad económica de la mayoría de reclusos.

Por esta razón, quienes no disponen de recursos se ven obligados a consumir únicamente lo que reparte la administración, aunque los productos no sean adecuados para el consumo humano.

A este panorama se suma el problema estructural del hacinamiento. En las áreas 1, 2 y 3, muchos internos no disponen de un lugar digno para dormir, ya que son pocos los que pueden pagar por una colchoneta o un espacio en un camarote. El resto debe alternarse para poder descansar unas horas, afectando su salud física y mental. Se han identificado casos de desnutrición y otras dolencias asociadas a esta precariedad, que no reciben la atención médica correspondiente dentro del establecimiento.

Integrantes del propio penal han evidenciado otras falencias, como la falta de higiene en la manipulación de los alimentos.

Testimonios recogidos por familiares y organizaciones sociales advierten que las verduras llegan sin lavar y se procesan directamente, mientras que las bandejas, en ocasiones, terminan en el suelo antes de ser utilizadas, lo que facilita el contacto con vectores de enfermedades, incluidos roedores.

Como reacción ante esta situación, reclusos y veedores han impulsado comunicados en los que exigen la renuncia de los responsables del servicio de alimentación y la intervención urgente de las autoridades competentes.

Ante la gravedad de las denuncias, familiares de las personas privadas de la libertad presentaron un derecho de petición a varias entidades, solicitando que se realicen controles exhaustivos al establecimiento y que se contraten operadores capaces de garantizar estándares básicos de higiene y dignidad.

Organizaciones de derechos humanos permanecen en alerta frente a la posibilidad de que las protestas se extiendan a otros pabellones, lo que podría agravar la crisis al interior de la cárcel El Pedregal y comprometer la integridad de toda la población interna.