El nombramiento de Juan Carlos Florián como titular del Ministerio de la Igualdad y la Equidad en el Gobierno de Gustavo Petro reavivó el debate sobre los límites y alcances de la ley de cuotas de género en Colombia, especialmente ante la inclusión de identidades de género no binarias o de género fluido en cargos de alto nivel.
La designación de Florián, que cuenta con antecedentes en el activismo y en la industria del entretenimiento para adultos, ha generado una oleada de controversias y al menos tres demandas fueron presentadas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca impugnando el decreto que oficializó su nombramiento.
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El epicentro de la polémica radica en la interpretación de la ley de cuotas, que exige paridad entre hombres y mujeres en los altos cargos estatales.
La Presidencia argumentó que Florián se identifica como persona de género fluido, una categoría que, según la teoría Queer, describe a quienes no se adscriben de manera fija a los géneros masculino o femenino, sino que transitan entre ellos según el contexto y las circunstancias.
Esta postura oficial intensificó el malestar entre figuras que previamente respaldaron el proyecto político de Petro, quienes consideran que la decisión vulnera el espíritu de la norma.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Carolina Sanín, escritora, expresó en su cuenta de X: “Esto es cuestión de machos invasores, pisoteadores y suplantadores en un gobierno misógino”.
Por su parte, la representante por Bogotá Katherine Miranda calificó el hecho como “estupidez en todo su esplendor” en la misma plataforma.
Más allá de estas posturas, el caso de Florián abrió una discusión más amplia sobre la representación de mujeres y colectivos sexuales diversos en la vida pública y política del país.
Las profesoras de la Universidad de Antioquia Dora Cecilia Saldarriaga y Zaira Agudelo Hincapié analizaron los desafíos que plantea la legislación vigente ante situaciones como la del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián.
Ambas coincidieron en que el principal obstáculo reside en la visión binaria que estructura la ley de cuotas. Dora Cecilia Saldarriaga sostuvo, en entrevista con El Espectador, que “no hay que sacrificar los puestos de mujeres ni los de personas de género fluido, porque ambos grupos tienen protección reforzada. El sacrificio debe recaer en los hombres, que siguen siendo mayoría en los espacios de poder”.
Por su parte, Zaira Agudelo Hincapié aportó una analogía al afirmar que la democracia se comporta como un acordeón, expandiéndose y contrayéndose: “Igual que en el pasado se amplió para mujeres, afrodescendientes e indígenas, hoy el desafío es incluir a identidades diversas”, indicó la experta..
Las académicas subrayaron la necesidad de ampliar el debate más allá de la simple asignación de cupos. Dora Cecilia Saldarriaga señaló que “hoy la discusión se reduce a si un cupo de mujer se da a un hombre, pero el análisis debe ir más allá: no se trata de enfrentar a dos grupos subrepresentados, sino de cuestionar a quienes históricamente han concentrado el poder”, según sus palabras.
En la misma línea, Zaira Agudelo Hincapié enfatizó que “no basta con la norma, también se requieren transformaciones culturales, protección a liderazgos vulnerables y superar estereotipos que siguen relegando a mujeres y personas no binarias a roles marginales”, de acuerdo con sus declaraciones al mismo medio.
La ley de cuotas fue concebida como un mecanismo legal para corregir las desigualdades históricas de género en el acceso a posiciones de poder. Dora Cecilia Saldarriaga explicó que “es un instrumento de corrección histórica. Las mujeres han estado subrepresentadas en espacios de poder y dirección”.
Por su parte, Zaira Agudelo Hincapié destacó que “desde la Constitución de 1991 y leyes posteriores, se ha abierto un camino hacia la equidad”, según sus palabras recogidas por el diario.
A pesar de los avances normativos, las expertas señalaron deficiencias en la aplicación de la ley. Dora Cecilia Saldarriaga criticó que los porcentajes de representación femenina se interpreten como techos y no como pisos, es decir, que el 50% debería ser un mínimo a superar y no un límite máximo.
Así mismo, Zaira Agudelo Hincapié añadió que las mujeres que participan en política enfrentan obstáculos adicionales respecto a sus colegas varones, como financiación desigual, menor acceso a medios, listas electorales poco equitativas y una carga desproporcionada de labores de cuidado.
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