Ministro de Justicia volvió a explicar si habrá o no fumigación con glifosato como anunció Gustavo Petro: “No se pueden utilizar ciertas herramientas”

El Gobierno colombiano ha anunciado su intención de solicitar a la Corte Constitucional una “sentencia interpretativa” que permita reabrir el debate sobre la fumigación aérea con glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos, una práctica suspendida desde 2017 por restricciones judiciales.

Así lo confirmó el ministro de Justicia Luis Eduardo Montealegre, quien, en declaraciones a varios medios de comunicación, explicó que la actual jurisprudencia del alto tribunal impide cualquier reanudación de la aspersión aérea, salvo que se modifiquen los criterios legales vigentes.

Montealegre detalló que existen tres fundamentos jurídicos que bloquean la utilización del glifosato desde el aire. El primero es el principio de precaución, que prohíbe el uso de herramientas potencialmente dañinas para el medio ambiente o la salud pública cuando existe una probabilidad de riesgo, sin requerir certeza absoluta sobre el daño.

El segundo pilar es la obligación de realizar consulta previa con comunidades étnicas y la celebración de audiencias públicas antes de cualquier intervención.

El tercero es el principio de proporcionalidad, que exige que las medidas adoptadas no generen un impacto desproporcionado sobre los derechos fundamentales.

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El ministro subrayó que, conforme a las sentencias de la Corte Constitucional, el Estado colombiano tiene la carga de demostrar, mediante evidencia científica robusta, independiente y concluyente, que el glifosato es inocuo para la salud.

Actualmente, esta condición no se cumple, lo que imposibilita la reactivación de la aspersión aérea bajo el marco legal vigente.

“Cuando exista la probabilidad de un daño al medio ambiente o a la salud pública, no se pueden utilizar ciertas herramientas. Basta el riesgo, basta la probabilidad. No es necesario que exista la certeza de que el glifosato ocasione el daño”, dijo el ministro en entrevista con Blu Radio.

En cuanto a la figura de la “sentencia interpretativa”, Montealegre, quien también fue presidente de la Corte Constitucional, explicó que se trata de un mecanismo previsto en el reglamento del tribunal, aunque nunca se ha aplicado hasta ahora.

Según su interpretación, esta herramienta permite a la Corte emitir directrices generales sobre la interpretación de la ley, más allá de casos particulares, y así modular su jurisprudencia.

De este modo, el tribunal podría definir en qué circunstancias específicas sería posible utilizar el glifosato sin que ello represente un riesgo desproporcionado para los derechos fundamentales.

“Existen estudios científicos muy serios en el sentido de que pueden ocasionar daños a la población, específicamente riesgo de cáncer, eh, riesgos de, eh, poner en grave peligro la vida y la integridad de la población, de los indígenas, de los campesinos. Por esa razón, la Corte dijo que la única forma en que se puede utilizar nuevamente el glifosato es cuando se demuestre científicamente que la utilización de esta herramienta no va a ocasionar riesgos a la población civil”, dijo el funcionario en entrevista con Rtvc.

La propuesta del Gobierno surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en zonas de cultivos ilícitos.

Días atrás, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de retomar la fumigación aérea como respuesta a las asonadas, situaciones en las que la población civil interviene contra la fuerza pública en áreas donde operan grupos criminales.

No obstante, Montealegre aclaró que el mandatario no propuso reinstaurar la aspersión de manera generalizada, sino solo en casos excepcionales, cuando organizaciones delictivas utilicen a la población como escudo humano.

Aun en estos escenarios, el ministro enfatizó que no se podría proceder sin cumplir estrictamente los requisitos legales establecidos por la Corte Constitucional.

Respecto a los requisitos científicos y jurídicos para demostrar la seguridad del glifosato, Montealegre mencionó la necesidad de cumplir con estándares internacionales, como los definidos por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Daubert.

Montealegre señaló que, teniendo en cuenta los casos especiales en que se puede usar este mecanismo, las palabras del presidente Petro no han sido interpretadas de forma correcta:

“El presidente de la República no ha hablado de volver a la aspersión y a la utilización del glifosato como una medida generalizada, sino que planteó la posibilidad de volver a la utilización del glifosato en casos específicos, que es el caso que él señaló”, dijo en Rtvc.

Estos criterios, adoptados en el derecho colombiano, incluyen la validación de experimentos científicos, la publicación de resultados en revistas especializadas de alto nivel, la medición precisa de márgenes de error y el respaldo de la comunidad científica internacional.

Finalmente, al abordar la posibilidad de emplear sustancias alternativas al glifosato para la aspersión aérea, el ministro señaló que, hasta la fecha, la comunidad científica no ha identificado opciones comprobadas que permitan realizar esta práctica sin poner en riesgo la vida y la salud de las personas.