Canal 1 calificó como una persecución del Gobierno Petro investigación anunciada por la SIC: “Grave atentado contra la libertad de prensa”

El concesionario del Canal 1, Plural Comunicaciones S.A.S., rechazó de manera categórica las imputaciones contenidas en la Resolución 69248 del 9 de septiembre de 2025 y en el pliego de cargos formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), calificando la actuación de la entidad como un “grave atentado contra la libertad de prensa”.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía afirmó que la investigación forma parte de “una campaña de hostigamiento sistemático, proveniente de altas instancias del Gobierno nacional, en contra de un medio de comunicación libre”.

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Además, denunció que la SIC y otras autoridades, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, han ejercido presión política para “debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”.

Plural Comunicaciones detalló cronológicamente los hechos que, según la empresa, demuestran la legalidad de sus operaciones con Caracol Radio y la arbitrariedad de la SIC:

• “El 9 de agosto de 2024 se suscribió una carta de intención… un instrumento sin efectos vinculantes ni de ejecución inmediata, donde se planteó un derrotero general del potencial negocio”, explicó la compañía.
• Posteriormente, ambas partes realizaron un due diligence con reconocidas firmas legales para determinar los requisitos normativos asociados a la operación.
• “El 27 de agosto de 2024, de forma previa a cualquier acto jurídico, en reunión con la Superintendencia de Industria y Comercio anunciamos la intención de: (i) realizar una operación de comercialización conjunta de pauta entre Caracol Radio y Canal 1, y (ii) provisión de contenidos en favor de Canal 1”, indicó la empresa.

Según Plural Comunicaciones, la Superintendencia afirmó en esa reunión que la operación no requería autorización previa porque Caracol Radio no participaba en el mercado de televisión, ni Canal 1 en el de radio.

La empresa precisó que, consultados sus equipos jurídicos, “por tener una participación combinada de menos del 0.5% en el mercado de pauta publicitaria digital, lo conducente era notificar la operación”, lo cual hicieron el 6 de septiembre de 2024.

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2024, las partes firmaron un contrato de licenciamiento de contenidos siguiendo la estructura que Plural Comunicaciones tenía con otros proveedores.

En relación con la presión política, el comunicado recordó un mensaje publicado por el presidente de la República el 28 de octubre de 2024:

• “Invito a organizarse en cooperativas. Colombia debe tener experiencia en el cooperativismo periodístico independiente.
• La operación hecha por el grupo prisa sin consulta del Gobierno, no puede ser una masacre laboral ni un paso más al periodismo de los grandes grupos económicos”.

Plural Comunicaciones interpretó esta declaración como un ejemplo de la intervención directa del Ejecutivo en la operación del canal.

Respecto a la SIC, la compañía señaló que “el 30 de octubre de 2024, la Superintendencia remitió comunicación a las partes donde, según su análisis y en contra de sus propios precedentes, afirmó que no estaba de acuerdo con la definición de mercados relevantes realizada por las partes.

Las partes, respetuosas de la Ley, pero amparadas en que ya habían notificado la operación, salieron al aire el 1 de octubre de 2024 con la nueva parrilla, incluyendo programas de Caracol Radio, entre ellos, el programa 6AM del reconocido periodista Gustavo Gómez, usando el histórico eslogan del Canal 1 ‘Todos Somos Uno’, que la SIC usa como indicio de la supuesta integración”.

La empresa enfatizó: “A pesar de la notificación de haber firmado un contrato de licenciamiento de contenido, la operación originalmente proyectada y con la estructura de negocio planteada por las partes nunca se consolidó, y Canal 1 y Caracol Radio continuaron desarrollando su comercialización de pauta publicitaria de forma separada.

Lo demás, es historia: desde esa fecha, ese día a esa hora, el Gobierno inició una persecución frontal contra el Canal 1, su concesionario y accionistas”.

Plural Comunicaciones también cuestionó el uso que la SIC hizo de documentos jurídicos de Caracol Radio, señalando que “rechazamos categóricamente que la SIC haya utilizado, como parte de su argumentación, conceptos jurídicos elaborados por abogados de Caracol Radio, radicados en el exterior, los cuales están amparados por la reserva legal y la confidencialidad profesional”.

La compañía aseguró que dichos documentos “reflejan, por el contrario, el esfuerzo de las dos empresas por garantizar que todas sus actuaciones estuvieran alineadas con la normatividad vigente y con las mejores prácticas del derecho de la competencia a nivel colombiano y europeo”.

Finalmente, Plural Comunicaciones reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de la pluralidad informativa, anunciando que ejercerá “todos los mecanismos legales de defensa contra quienes, por acción y omisión, han colaborado en la destrucción de la libertad de prensa y asistirá a todos los órganos en el ámbito nacional e internacional para garantizar sus derechos y los de la opinión pública a recibir información libre, independiente y plural”.

Por su parte, la SIC mantiene que la investigación se enmarca en la protección de la libre competencia y señaló que, de comprobarse responsabilidades, las personas jurídicas involucradas podrían recibir multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (142.350 millones de pesos) y las personas naturales hasta 2.000 salarios mínimos (2.847 millones de pesos).

La investigación abarca tanto a Caracol Radio y Canal 1 como a varios directivos de ambas compañías que participaron en la celebración y ejecución de los contratos cuestionados.