Nicolás Petro se refirió a los nuevos delitos que le imputaría la Fiscalía: “Me quieren hacer un montaje procesal”

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta una nueva ofensiva judicial que, según sus declaraciones, responde a presiones políticas y a un presunto montaje judicial orquestado por la Fiscalía.

En entrevista con Caracol Radio, Nicolás Petro denunció que actores políticos buscan su captura y aseguró que no tiene intención de evadir la justicia.

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Su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, autodenominado como “la artillería de Nicolás Petro”, anunció acciones legales contra funcionarios y una precandidata presidencial, en medio de un ambiente marcado por acusaciones cruzadas y filtraciones de información.

Petro, quien ya está próximo a enfrentar un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ahora se ve involucrado en un nuevo proceso penal por presunta corrupción, vinculado a una fundación con sede en Barranquilla.

Aunque la Fiscalía General de la Nación aún no ha notificado formalmente la fecha de imputación, el caso ha escalado en tensión tras las recientes declaraciones de Petro y de su abogado, quienes sostienen que la Fiscalía estaría actuando bajo motivaciones políticas.

“La Fiscalía me quiere hacer un montaje procesal nuevamente”, afirmó Petro en entrevista con Caracol Radio.

El hijo del mandatario recordó que en 2023 fue capturado poco antes de unas elecciones, en un operativo que, según él, se basó en una fuente falsa presentada por el fiscal Mario Burgos.

Petro sostuvo que esa fuente fue identificada y denunciada ante la propia Fiscalía, y advirtió que ahora se intenta repetir la estrategia para capturarlo de nuevo, en lo que calificó como un proceso “montado” y “falso”.

El nuevo proceso penal que prepara la Fiscalía incluye cargos por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con la fundación Conciencia Social.

Sin embargo, Nicolás Petro negó cualquier vínculo con esa organización: “No tengo ninguna relación con la fundación, ni siquiera conozco al representante legal, nunca he tenido una relación con ellos”, declaró a Caracol Radio.

Tanto él como su abogado insistieron en que hasta el momento no han recibido notificación oficial sobre la imputación.

Uno de los puntos más delicados de la denuncia de Petro es la supuesta filtración de información reservada a la precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila.

Petro relató que el 6 de septiembre, a las 8:00 a.m., Dávila anunció en redes sociales que la Fiscalía había radicado una solicitud de imputación en su contra, cuando en realidad ese trámite no se había realizado aún.

Horas más tarde, la precandidata publicó una fotografía que confirmaba la radicación de la imputación a las 2:00 p.m.

Petro cuestionó cómo Dávila pudo acceder a información que, en teoría, solo estaba en manos de la fiscal del caso, y sugirió que existió una coordinación entre ambas: “¿Será que la precandidata habla con la fiscal del caso? Porque eso pareció que en la mañana dio una orden y la fiscal la cumplió a las 2:00 de la tarde”, expresó en la entrevista.

El abogado Alejandro Carranza profundizó en las acciones legales emprendidas. Según explicó a Caracol Radio, la Fiscalía cuenta con un poder otorgado por Petro desde marzo de 2023, y en la primera imputación el fiscal Burgos ya había mencionado la fundación y los delitos ahora señalados.

Carranza calificó esas actuaciones como parte de una estrategia para presionar a su cliente y obtener declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro.

Además, informó que ha radicado una denuncia penal contra la fiscal Lucy Laborde, responsable del caso, por presuntos delitos de prevaricato, fraude procesal y revelación de secreto. “La denuncio precisamente por esa actividad prevaricadora posiblemente cometida, por esa actividad de fraude procesal presuntamente cometida por ella, por la revelación de secreto presuntamente cometida por la fiscal”, detalló Carranza.

El abogado también anunció que solicitará explicaciones a la precandidata Dávila sobre el origen de la información que divulgó y criticó la supuesta coordinación entre la fiscal y la política. Carranza señaló que, tras la radicación de la denuncia penal contra la fiscal, Dávila reaccionó públicamente, lo que, a su juicio, evidencia una comunicación constante entre ambas: “Es decir, que hay una comunicación constante entre la candidata y su fiscal de bolsillo o su fiscal como ella misma usa ese término para impulsar esta actividad en contra de Nicolás”, afirmó.

El caso de Nicolás Petro ocurre en un proceso judicial previo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el que la defensa ha solicitado la exclusión de pruebas que, según argumentan, fueron obtenidas bajo presión.

La fundación Conciencia Social, mencionada en los nuevos cargos, ha sido objeto de atención desde la primera imputación, aunque tanto Petro como su defensa niegan cualquier relación con la entidad.

Las denuncias de manipulación judicial, filtración de información y presiones políticas han intensificado el debate sobre la relación entre la Fiscalía, el sistema político y la defensa de Nicolás Petro.

Mientras la Fiscalía avanza en la preparación de nuevos cargos, la defensa insiste en que el proceso responde a intereses ajenos a la justicia y que se busca utilizar a Petro como instrumento en la contienda política.

Nicolás Petro también habló sobre la relación con su papá Gustavo Petro: “Con mi papá hemos tenido en los últimos años una relación mucho más estrecha. Su papel de abuelo es fenomenal. Él, por cuestiones de la vida, conmigo, no estuvo en momentos puntuales, pero con mi hijo sí lo ha estado, y eso para mí es bastante valioso“.

En este escenario, la defensa de Petro remarcó que la Fiscalía debe actuar con independencia y que los procesos judiciales no pueden ser utilizados como herramientas de campaña electoral.