Petro exige volver a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, “dada la táctica mafiosa” de los civiles y la fuerza pública

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, lanzó el lunes 8 de septiembre un mensaje directo a la Corte Constitucional en el que expresó su interés por reactivar la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en un momento en que el Gobierno enfrenta crecientes críticas por el avance de las plantaciones de coca en varios departamentos del país.

El mensaje causó una fuerte reacción en distintos sectores políticos y judiciales, debido a que reabre una discusión que en años anteriores generó intensos debates sobre salud pública, derechos humanos y política antidrogas.

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Petro, sin rodeos, señaló que la Corte Constitucional debe revisar el fallo que impide el uso de glifosato desde aeronaves, decisión que fue adoptada en años anteriores por motivos relacionados con los efectos nocivos de esta sustancia sobre la salud de las comunidades rurales y el medio ambiente.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió el jefe de Estado en su publicación, marcando una postura que contrasta con su posición inicial cuando asumió la Presidencia en 2022.

El mensaje dele mandatario fue publicado en medio de un ambiente de tensión con el Gobierno de Estados Unidos, debido a que informaciones de esa Nación apuntan a una posible decisión del presidente Donald Trump relacionada con la certificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Una eventual “desertificación” afectaría la cooperación bilateral y pondría en entredicho los compromisos adquiridos por el país en ese frente. En ese sentido, las palabras del jefe de Estado parecen buscar un mensaje doble; desde el interior, una señal de fuerza frente al avance del narcotráfico, y hacia el exterior, una afirmación de voluntad política para contener los cultivos ilícitos.

Esto es lo que podría pasar si Donald Trump descertifica a Colombia en la lucha antidrogas

Al parecer, el septiembre de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará la decisión clave de certificar o no a Colombia en su desempeño frente al narcotráfico. La ley estadounidense obliga a que esta determinación se conozca antes del 15 de septiembre, lo que provocó expectativa en ambos países.

Aunque el Gobierno colombiano insiste en que ha cumplido con sus compromisos, desde Washington crece la percepción de que la descertificación es inminente. Las cifras más recientes sobre cultivos ilícitos, que superan las 264.000 hectáreas, según Naciones Unidas, y los pobres resultados en erradicación durante el último año, lo que debilitó la posición de Colombia ante la Casa Blanca.

Si Trump opta por ese camino, Colombia enfrentaría sanciones políticas y económicas. Se congelaría parte de la ayuda de Estados Unidos, se bloquearía el acceso a créditos en organismos internacionales y se afectarían acuerdos de cooperación, incluso en defensa e inteligencia. También se pondrían en riesgo beneficios arancelarios clave en el comercio bilateral.

El impacto sería comparable al vivido en 1997, cuando Estados Unidos descertificó al gobierno de Ernesto Samper. Hoy el panorama podría ser más crítico, dado el deterioro de la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump, así como la pérdida de respaldo bipartidista de Colombia en el Congreso estadounidense.

Tres escenarios posibles:

1. Certificación plena, poco probable dadas las cifras actuales.
2. Descertificación parcial, con una excepción que permita mantener parte de la ayuda.
3. Descertificación total, considerada como el escenario más probable por varios expertos.

En declaraciones recientes, el exembajador Kevin Whitaker advirtió que “Estados Unidos tiene todo el derecho de estar decepcionado con el desempeño del gobierno de Petro”. Por su parte, Juan Cruz, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, afirmó que “sería un milagro si Colombia termina siendo certificada”.

La decisión marcará un punto de quiebre en la relación bilateral. De concretarse la descertificación, Colombia no solo enfrentará consecuencias financieras, sino una fuerte señal política sobre su rol como socio estratégico en la lucha contra las drogas.