La ejecución del programa de Ollas Comunitarias en el departamento de Risaralda quedó bajo la lupa tras la denuncia presentada por la Representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero, que expuso una serie de presuntas irregularidades en la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La congresista sostiene que la falta de transparencia, los errores de planeación y la posible corrupción han marcado el desarrollo de este programa, cuyo objetivo era atender a la población afectada por la ola invernal de 2022.
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En octubre de 2023, la Ungrd, dirigida entonces por Olmedo López —actualmente investigado por corrupción—, anunció la implementación del programa en ocho municipios de Risaralda, replicando experiencias previas en La Guajira, Córdoba y Santander.
El plan contemplaba la entrega de cerca de 685.000 raciones de alimentos a 7.611 personas, con una inversión superior a $6.000 millones de pesos. Sin embargo, la ejecución real distó de lo proyectado: solo se destinaron $3.533 millones, se distribuyeron 412.650 raciones y únicamente 4.490 personas recibieron atención, lo que dejó a 3.121 beneficiarios sin el auxilio prometido.
La situación resulta especialmente crítica en el municipio de Mistrató, donde se concentraba el 41% de la población afectada, en su mayoría comunidades indígenas. Allí, la ejecución del programa fue cancelada tras la firma del contrato, bajo el argumento de problemas de accesibilidad.
Según la denuncia de Carolina Giraldo Botero, esta decisión revela una ausencia de diagnóstico técnico y una deficiente coordinación con las autoridades locales. Aunque el proyecto surgió para responder a la emergencia alimentaria en Mistrató, los puntos de entrega se ubicaron en lugares a los que los beneficiarios debían caminar hasta cinco horas por trayecto para recibir un plato de comida diario.
La congresista también cuestionó la ubicación de varias ollas comunitarias en zonas urbanas de Pereira, como el barrio Salamanca. Si bien en estos sectores reside población que podría requerir otro tipo de programas sociales, el plan estaba dirigido específicamente a los damnificados por la ola invernal, por lo que esta decisión desvió la asistencia y limitó el acceso de quienes realmente resultaron afectados por la emergencia.
En contraste, en municipios como Pueblo Rico se logró llegar incluso a veredas alejadas y a comunidades indígenas, lo que, a juicio de la representante, evidencia una grave inconsistencia en la ejecución: “¿Cómo es posible que en zonas remotas de Pueblo Rico sí lograran llegar, pero en Mistrató, el municipio con mayor número de beneficiarios, no?”.
Otro aspecto relevante de la denuncia es la adjudicación del contrato a Frescampo presunto peculado en un contrato similar firmado en 2020. En ese antecedente, ejecutado durante la pandemia con la Gobernación de Risaralda, habrían desaparecido más de 11.000 paquetes de alimentos.
Para Giraldo, este hecho pone en entredicho la diligencia en la selección de contratistas para programas dirigidos a poblaciones vulnerables, contrariando la promesa del gobierno nacional de que serían las propias comunidades que ejecutarían estos proyectos, lo que finalmente no ocurrió.
La representante solicitó información detallada sobre la ejecución presupuestal de la Ungrd en el Eje Cafetero entre 2018 y 2024. La entidad respondió fuera del plazo legal, omitió contratos relevantes y entregó información incompleta.
A pesar de múltiples solicitudes, incluso mediante tutela, la Ungrd no ha proporcionado documentos clave como cuentas de cobro o facturas, lo que impide verificar la entrega real y los costos de los alimentos. La entidad argumentó que el contrato no exigía estos soportes, en contradicción con las normas vigentes sobre contratación pública y control fiscal.
“Solicitamos los documentos por derecho de petición y ni siquiera con una tutela los entregaron. Ya no nos queda otra opción que acudir a los órganos de control, porque esta no es la primera vez que enfrentamos barreras para acceder a la información. ¿Qué están ocultando?”, cuestionó la congresista.
Finalmente, Carolina Giraldo Botero anunció la radicación de la denuncia y solicitó la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que investiguen los hechos, sancionen a los responsables y se garantice la recuperación de los recursos públicos.
“Este contrato de las Ollas Comunitarias es un claro ejemplo de cómo los recursos públicos terminan en manos de contratistas cuestionados y sin garantías de transparencia. Nuestra labor de control político seguirá enfocada en visibilizar estos casos para que no queden impunes y se recupere cada peso que debía llegar a las comunidades más vulnerables de Risaralda y del país”, concluyó la representante.
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