En el Oriente antioqueño, la preocupación por la contaminación con mercurio en los ríos Calderas y San Carlos se ha intensificado luego de los recientes resultados de un estudio técnico realizado por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).
Esta investigación surgió tras reiteradas quejas de las comunidades sobre posible contaminación resultante de la minería ilegal de oro, práctica que se ha expandido y consolidado en la región, y que alteran el equilibrio ecológico y generando riesgos para la salud pública y ambiental.
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El estudio de Cornare, citado por el diario antioqueño El Colombiano, indica que las muestras, tomadas durante julio de 2025 en varias localizaciones estratégicas, evidenciaron que en algunos puntos del río Calderas, como el Puente Calderas y el caserío El Porvenir, las concentraciones de mercurio disuelto alcanzaron 9,50 μg/L y 6,98 μg/L, respectivamente.
En detalle, estos valores superan en hasta tres veces el límite permitido para cuerpos de agua, que según la regulación ambiental en Colombia es de 2,0 μg/L.
Tal como precisó la autoridad ambiental, “estos resultados representan un riesgo potencial para la salud pública, ya que el mercurio es un contaminante de alta toxicidad que puede generar afectaciones, incluso a bajas concentraciones”.
El informe además consideró prioritaria la urgencia de identificar y controlar las fuentes directas o difusas de mercurio, con el fin de evitar su ingreso a la cadena alimentaria y proteger a las comunidades ribereñas que dependen de estos ríos para su subsistencia.
Otro río, el San Carlos, muestra niveles del metal en menor cantidad, pero hay riesgos
En contraste, los análisis realizados en el río San Carlos arrojaron datos menos alarmantes: en tres puntos de muestreo, el nivel de mercurio fue tan bajo que resultó no cuantificable según la sensibilidad de los laboratorios ambientales, y el resto de los parámetros fisicoquímicos permanecieron dentro de los rangos considerados normales para calidad del agua.
Sin embargo, la tranquilidad en esta zona no es suficiente para minimizar la alerta general, puesto que persistiría un riesgo de dispersión y acumulación de contaminantes a medida que la actividad minera ilegal se expanda.
El impacto sobre el ecosistema acuático es grave. El mercurio, reconocido por su alta toxicidad, no sólo plantea peligros inmediatos para mujeres gestantes y niños, sino que se bioacumula en los organismos acuáticos como peces y aves, alterando la cadena alimentaria y amenazando la seguridad alimentaria de las poblaciones locales.
Además, el daño ambiental se agrava con la deforestación, el desvío de cauces y la transformación del paisaje, observable mediante imágenes satelitales recientes de grandes zonas minadas a cielo abierto dentro de la cuenca.
Las denuncias de la población
A nivel social, los líderes comunitarios han denunciado la llegada de grupos armados y redes criminales a la zona, señalando que la minería ilegal no solo devasta el entorno natural, sino que también introduce situaciones de violencia y control territorial sobre las veredas, llegando incluso a intimidar a la población y obstaculizar intervenciones técnicas o de control ambiental.
El fenómeno, previamente relegado a zonas como el Bajo Cauca, acelera ahora su presencia en el Oriente antioqueño, incrementando la vulnerabilidad social y ambiental de municipios como Granada y San Carlos.
En cuanto a la respuesta institucional, la corporación ambiental reiteró su compromiso con el seguimiento, articulación y la atención a las denuncias ciudadanas, participando en operativos junto con la Policía, el Ejército y la Gobernación departamental para valorar y mitigar daños, aunque recalcando que “la competencia directa para ejercer control sobre estas actividades recae en las alcaldías municipales, quienes son la primera autoridad minera en sus territorios”.
No obstante, se ha señalado la falta de respuestas concretas de parte de algunas autoridades locales o departamentales, lo que ha dificultado la implementación de medidas integrales para frenar la minería ilegal y controlar la contaminación.
La situación requiere la cooperación efectiva de las instituciones y el acompañamiento diligente de la fuerza pública para garantizar la seguridad tanto de las comunidades como de los funcionarios ambientales que realizan monitoreos y rescates ecológicos en zonas de alta conflictividad.
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