Sancionaron a directivo de la SAE por insultar a funcionario del ministro de Educación en medio de polémica por bienes incautados: “Usted es un reverendo como mier...”

Las tensiones internas en la administración de Gustavo Petro se intensificaron tras la sanción disciplinaria impuesta a Felipe Tascón, director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quien deberá cumplir treinta días de suspensión sin sueldo.

La medida, confirmada por El Tiempo, se produjo después de un altercado verbal con Juan Carlos Bolívar, director de calidad del Ministerio de Educación, en el que Tascón profirió el insulto literal: “usted es un reverendo come M….”, durante una reunión que fue registrada en video y se viralizó hace tres semanas.

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El incidente no solo evidenció fricciones entre la administración de Amelia Pérez, al frente de la SAE, y el entorno del ministro Daniel Rojas, sino que también puso bajo el foco público la gestión de bienes incautados al narcotráfico.

La disputa se originó por cuestionamientos de Tascón sobre un desembolso millonario realizado por la SAE a la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (Fcecep), entidad vinculada al exnarcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, quien recuperó su libertad en Estados Unidos meses atrás.

El conflicto se intensificó cuando Tascón puso en duda la legalidad y conveniencia de ese pago, recordando además que Bolívar es considerado cercano a Rojas, quien pasó de la SAE al Ministerio de Educación con una indemnización considerable. Este señalamiento motivó la investigación interna que concluyó con la sanción a Tascón.

Paralelamente, El Tiempo reveló otras investigaciones en curso en la SAE, que incluyen la revisión de ingresos de un emisario vinculado a alias Papá Pitufo y la contratación de la pareja de ese abogado como imagen de otro bien incautado, el Grupo Empresarial Grajales.

Frente a estas indagaciones, Rojas acusó a la administración de Amelia Pérez de filtrar información en su contra y defendió la transparencia de su gestión, asegurando que las indemnizaciones otorgadas a su equipo al pasar al Ministerio de Educación se ajustaron a la legalidad.

El foco de la controversia ha sido principalmente el préstamo concedido a la Fcecep.

Según una carta citada por El Tiempo, “Rojas Medellín no sólo evitó iniciar un proceso de liquidación, sino que tomó la decisión de otorgar un préstamo por más de 3.000 millones de pesos a la Fundación, con recursos del Frisco, pese a que los estados financieros del Cecep registraban una pérdida neta de más de 1.600 millones de pesos al año”.

Esta operación ha generado inquietudes sobre la gestión de recursos públicos y la viabilidad financiera de la fundación beneficiada.

Consultado sobre el préstamo, Rojas afirmó: “Se ha hecho en otras administraciones, la ley faculta al Frisco a inyectarle liquidez a las sociedades que administra. No sé qué tenga que ver Tascón si él es director regional y no tiene nada que ver con la vicepresidencia de sociedades, quizás por eso habla con tanta ignorancia sobre cómo funciona esa entidad”.

El hecho disciplinario de Tascón se produce en paralelo con una investigación más amplia sobre el manejo de bienes incautados al narcotráfico durante la gestión de Rojas. Entre los bienes auditados se encuentran Carnes y Derivados de Occidente, vinculado a los hijos del narcotraficante Hernando Henao Montoya, y la Fcecep.

La SAE ya ordenó auditorías internas cuyos resultados se conocerán en los próximos días, y se han dispuesto traslados de información a organismos de control para garantizar transparencia.

Expertos en control de activos destacan que el caso evidencia la necesidad de protocolos claros de comunicación interna y manejo de bienes estatales, así como auditorías permanentes para proteger la reputación institucional y la confianza pública.

La sanción a Tascón, aunque administrativa, refleja también la presión sobre la SAE para mantener un manejo transparente y responsable de recursos asociados a delitos graves como el narcotráfico.

Mientras tanto, la SAE aseguró que continuará evaluando los procesos administrativos, reforzando controles internos y adoptando medidas preventivas, para garantizar la correcta destinación de los bienes incautados y la legalidad en todas sus operaciones.