Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Efraín José Parra, de nacionalidad venezolana, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la Nación que lo señalan como responsable de abuso sexual contra una paciente menor de edad en el noroccidente de Bogotá.
De acuerdo con la investigación, la víctima, que solía asistir acompañada de su madre al establecimiento donde Parra ofrecía procedimientos odontológicos de manera informal, acudió sola el 1 de diciembre de 2024 para continuar con un tratamiento.
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En esa ocasión, el procesado habría aprovechado su aparente posición de profesionalismo para ganarse la confianza de la adolescente, hacerle insinuaciones íntimas y, mediante el uso de fuerza física y amenazas, someterla a distintos vejámenes sexuales.
Posterior al primer episodio, la menor también fue víctima de otros actos indecorosos en contra de su voluntad, según lo informado por la Fiscalía.
En atención a una orden judicial, unidades de la Policía Nacional capturaron a Efraín José Parra en la localidad de Suba.
La Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los cargos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, cargos que no fueron aceptados por el acusado.
El problema del abuso sexual en Bogotá
Las cifras del primer semestre de 2025 en Bogotá confirman la gravedad del abuso y la explotación sexual infantil, con 6.407 alertas de presunta violencia sexual a niños, niñas y adolescentes (NNA), un promedio de 35 reportes diarios según el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación.
Estos datos, extraídos del informe técnico del Concejo de Bogotá, muestran un incremento frente al promedio diario de 2024 e indican tanto una mayor confiabilidad en los canales de denuncia como la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención.
El informe revela que, entre enero y junio de 2025, se formalizaron 1.525 denuncias efectivas por delitos de violencia sexual —cerca de 8 diarias—, por debajo del promedio en 2024.
El concejal Samir Bedoya Piraquive destaca que el aumento de alertas tempranas representa un avance en la confianza institucional: “cuando sube ese reporte es porque ya los niños, los adolescentes sienten esa confianza hacia la institución de decir mire me está pasando esto y romper esa barrera no ha sido fácil”.
No obstante, persisten barreras que impiden que todas las alertas se traduzcan en formalización de denuncias, debido a temores, vergüenza o trabas interinstitucionales, lo que puede derivar en subregistro.
En el mismo periodo, la Policía Nacional reportó 134 delitos de explotación sexual infantil, cifra que mantiene la media de un caso diario, similar a la registrada en 2024. El concejal Fabián Puentes advierte la gravedad de la regularidad de estos delitos y subraya la necesidad de intensificar las acciones preventivas: la explotación sexual, así como la pornografía infantil, persisten al explotar vulnerabilidades socioeconómicas y requieren estrategias más allá de la simple reacción policial.
Otro indicador clave se encuentra en los 1.055 exámenes médico-legales realizados por Medicina Legal entre enero y mayo de 2025. Dicha cifra, inferior a la de denuncias, puede dificultar la recolección de pruebas y afectar la percepción de justicia.
Especial preocupación genera la presencia del fenómeno en entornos escolares: el Sistema de Alertas registró 118 casos de presunta explotación en colegios, con el 73,7% de las víctimas niñas y adolescentes mujeres, aunque también se identificó una proporción importante de afectados masculinos. Las edades más vulnerables se concentran entre los 12 y los 15 años, predominando la adolescencia temprana, aunque se reportaron casos desde los 6 años.
Ante esta realidad, los concejales Bedoya y Puentes, del partido MIRA, insisten en la prevención como eje principal y critican un sistema enfocado principalmente en la sanción. “El daño en un niño es como una herida que, una vez hecha, deja una cicatriz imborrable”, adviertió Bedoya.
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