La controversia política y judicial en el Senado de Colombia escaló tras la denuncia penal presentada por el partido Cambio Radical contra la senadora Ana María Castañeda.
La colectividad, liderada por Germán Vargas Lleras, acusó a la legisladora de incurrir en varios delitos al participar en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional el 3 de septiembre de 2025, a pesar de una sanción previa que le prohibía ejercer su derecho al voto.
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La acción legal, interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, se fundamenta en la supuesta vigencia de la sanción al momento de la votación, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad de su participación y el alcance de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La denuncia penal, formalizada el 5 de septiembre de 2025, imputa a Castañeda los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.
Según el boletín de prensa de Cambio Radical, la senadora habría desconocido la decisión del CNE que, mediante la Resolución No. 09109 del 3 de septiembre, dejó sin efecto el auto que inicialmente le permitía votar.
El partido argumenta que, pese a la existencia de esta resolución, Castañeda intervino y votó en la plenaria del Senado, lo que, a su juicio, constituye una vulneración grave del ordenamiento jurídico.
La colectividad sostiene que la medida cautelar que suspendía la sanción fue revocada por el CNE en una reunión extraordinaria, por lo que la prohibición de voz y voto seguía vigente durante la elección del magistrado.
El trasfondo de la sanción impuesta a Castañeda y a su compañero de bancada Temístocles Ortega se remonta a su ausencia en la votación de la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro.
El Consejo de Control Ético de Cambio Radical determinó que ambos senadores debían perder sus derechos de voz y voto durante un año como castigo.
Sin embargo, dos magistradas del CNE suspendieron provisionalmente la sanción, permitiendo su participación en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Esta decisión fue revertida poco después por la plenaria del CNE, que dejó sin efecto la medida cautelar y reactivó la sanción. La Silla Vacía detalla que, en ese contexto de incertidumbre jurídica, Cambio Radical solicitó formalmente a la Mesa Directiva del Senado que impidiera la votación de los senadores sancionados.
La sesión del Senado del 3 de septiembre de 2025 estuvo marcada por la polémica. Durante la plenaria, Ana María Castañeda ejerció su derecho al voto en la elección del magistrado, lo que desató un debate inmediato sobre la validez de su participación.
El presidente del Congreso, Lidio García, expresó su inconformidad con la actuación del CNE, que envió la resolución revocatoria en pleno desarrollo de la votación. “A mí me parece una falta de respeto que estando en plena votación, el CNE nos mande una decisión en plena decisión del Senado de la República. Eso me parece... no es de muy buen recibo para nosotros porque, entre otras cosas, esas decisiones hacen efecto o se tienen que tomar 24 horas después, al día después es que hacen afecto. Sin embargo, cumplimos con lo que ellos determinaron en el último momento, es decir, a quemarropa”, manifestó García a la salida de la plenaria, según recogió El Espectador.
En medio de la controversia, Temístocles Ortega defendió el derecho de los senadores sancionados a participar en la votación. “Tenemos derecho a votar”, afirmó ante la plenaria minutos antes de la elección del magistrado.
La postura de Ortega reflejó el sentir de quienes consideraban que la revocatoria de la sanción por parte del CNE les restituía plenamente sus derechos políticos, al menos hasta que existiera una decisión judicial definitiva.
La intervención del presidente Gustavo Petro añadió un nuevo matiz al debate. A través de sus redes sociales, el mandatario defendió los derechos políticos de la senadora Castañeda y cuestionó la posibilidad de que estos fueran suspendidos por una autoridad distinta a un juez penal.
“No se pueden quitar los derechos políticos que otorgó el electorado, sino por juez penal. Le solicito a los juristas demócratas de Colombia, proceder ante la justicia nacional o pluranacional”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X.
Respuesta de Ana María Castañeda
Ana Maria Castañeda reaccionó con firmeza a las acusaciones en su contra, calificándolas como infundadas y acusando a Cambio Radical, liderado por Germán Córdoba, de cometer graves irregularidades.
Castañeda señaló que el partido y su directiva habrían incurrido en prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad, falsa denuncia y violencia política. Advirtió la vigencia de la ley 2453 de 2025 para este caso.
“¡Cuánta desfachatez! Ser denunciada por delitos no cometidos. Mientras que ustedes @PCambioRadical en cabeza del señor Germán Córdoba sí han incurrido en prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad, falsa denuncia y violencia política. Ojo con la ley 2453 de 2025″, afirmó Castañeda en su cuenta oficial de X.
Según Castañeda, el prevaricato se configuró al aplicar sanciones sin permitir que la persona investigada ejerciera su derecho a la defensa y sin dar acceso al proceso probatorio. Añadió que la falsedad y el fraude procesal ocurrieron cuando ante la Secretaría del Senado se afirmó que la sanción tenía carácter definitivo, aun existiendo recursos pendientes por resolver.
Castañeda afirmó que estas conductas despreciables e ilegales tendrán consecuencias legales y deberán ser respondidas ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.
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