
La polémica en torno al nombramiento de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como viceministra de Juventud se intensificó tras nuevas revelaciones sobre los requisitos académicos para su título profesional.
La Universidad San José admitió el jueves 4 de septiembre que Guerrero no presentó el examen Saber Pro, condición esencial para graduarse como profesional en Colombia.
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En declaraciones recogidas por W Radio, Francisco Pareja, rector de la universidad, aclaró que Guerrero figura inscrita para rendir la Prueba Saber Pro, pero “aún no lo ha hecho”.
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El funcionario explicó que la institución organizó de inmediato una reunión directiva, para determinar “cuál fue el error que pudo cometer alguno de los funcionarios” responsables del proceso.

Información obtenida por el medio radial revela que Juliana Guerrero presentará las pruebas Saber Pro, obligatorias para la obtención del título universitario, el domingo 9 de noviembre de 2025.
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Pese a que en la hoja de vida aportada para el proceso de selección, Guerrero incluyó que obtuvo su título en Contaduría Pública el 19 de julio, las evidencias muestran que fue hasta el 26 de julio cuando formalizó su inscripción para aplicar a las referidas pruebas Saber Pro.
En declaraciones compartidas con W Radio, las fuentes detallaron que la postulación de Guerrero se encuentra en entredicho debido a que la fecha efectiva de presentación de la prueba coincide con una instancia posterior a la certificación de su supuesta graduación, situación que podría poner en duda la veracidad de la información registrada en el trámite oficial.
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La ausencia del registro del examen en la base oficial del Icfes motivó las dudas sobre la legalidad del diploma profesional de Guerrero. Desde el entorno universitario insisten en que la investigación interna busca esclarecer de manera pronta el origen del inconveniente, mientras el proceso de nombramiento de la funcionaria permanece bajo observación pública.

Examen Saber Pro de Juliana Guerrero no aparece en registros oficiales y cuestionan su nombramiento
La designación de la viceministra Juliana Andrea Guerrero Jiménez ha provocado una controversia pública tras salir a la luz inconsistencias en sus registros académicos, lo que ha generado preguntas sobre la legitimidad de su título profesional y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa colombiana.
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En medio de este escándalo, la Fundación Universitaria San José comunicó el 4 de septiembre de 2025 que investiga si su sistema fue víctima de manipulación: “El Instituto ha iniciado labores que permitan determinar si nuestro sistema de información ha sido hackeado, alterado o manipulado”, enfatizó la institución.
En paralelo, la congresista Jennifer Pedraza hizo público que, junto a su equipo, verificó el número de identificación de Guerrero en los sistemas del Icfes y no encontró resultados que acrediten la presentación ni la aprobación de los exámenes de Estado.
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La revista Cambio validó de manera independiente la inexistencia de estos registros en las bases de datos para los años 2023, 2024 y 2025, aportando que “en ninguna de esas consultas aparece que Guerrero haya cumplido con el requisito que la legislación colombiana establece como obligatorio para quienes culminan carreras profesionales”.

Según la versión de Guerrero, ella habría obtenido su grado el 19 de julio en la Fundación Universitaria San José, asegurando haber completado estudios en Contaduría Pública tras iniciar un programa en tecnología. No obstante, el escrutinio de los datos oficiales apunta a una ausencia tanto del registro del examen profesional como de la constancia de haber presentado la prueba TyT, paso obligatorio para quienes aspiran a recibir un título de tecnólogo en el país.
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Por su parte, el Icfes desautorizó las afirmaciones difundidas en redes sociales y medios, señalando que “la información presentada... no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto”, e insistió en que solo la información validada institucionalmente puede considerarse auténtica.
La entidad reiteró que, de comprobarse manipulación o fraude informático, se procederá judicialmente contra los responsables.
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