Juez reprochó a ‘Harold’ por usar un menor como sicario en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Se aprovecharon de sus necesidades”

El Juzgado 61 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Harold Daniel Barragán Ovalle, el séptimo implicado en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del atentado sicarial que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según el juez, la evidencia es clara de que Barragán Ovalle hizo parte de la organización criminal que se encargó de realizar seguimientos a los movimientos del congresista del Centro Democrático.

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En esta organización varios integrantes se encuentran judicializados, el joven tuvo una participación activa reclutando al menor de 15 años al que le dieron instrucciones precisas para que atentara contra la vida del precandidato presidencial que se encontraba dando un discurso político en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Durante el dictamen contra alias Harold, el juez reprochó que se utilizara de esa manera a un menor de edad. “Se aprovecharon de sus vulnerabilidades y necesidades para convencerlo de ejecutar una acción criminal bajo una promesa económica”.

A la par, enfatizó la importancia de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, puesto que involucrarlos en actos delictivos es vulnerar todo su proceso de desarrollo.

“Tenemos que protegerlos. Y en vez de ponerles una pistola en la mano, deberíamos ponerles un cuaderno y un lápiz debajo del brazo o darles las oportunidades para estudiar, para crecer, para desarrollarse”.

Agregó: “Y aquí, para dar coadyuvancia por parte del representante de víctimas a la afección que se hace al conglomerado social, y no solo es una afectación a la víctima y a sus familiares, sino a la sociedad, a la democracia, a la libertad de expresión, a la participación política, a la libertad de pensamiento, lo cual hace de esta medida de aseguramiento proporcional en todo sentido. Igualmente, las víctimas y la sociedad tienen derecho a la verdad y a la justicia”.

Así las cosas, dijo que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de trabajar a favor del libre desarrollo de los menores de edad, con el fin de asegurar el futuro del país.

“Y el Estado tiene la obligación de colmar esas expectativas y aplicar estas medidas oportunas para prevenir el actuar delictivo y juzgar a las personas de las que se infiera razonablemente. Inferencia. ¿Por qué decimos que inferencia? Porque de pronto para algunos la palabra suena un poco no entendible”.

A lo largo de su intervención, el juez concluyó que el procesado —quien fue detenido en la noche del pasado viernes 29 de agosto de 2025— representa un evidente peligro para la sociedad. Igualmente, puede evadir la justicia emprendiendo la fuga al salir de la ciudad.

“La medida de aseguramiento es necesaria para salvaguardar la administración de justicia, proteger a la comunidad porque se considera que el imputado representa un peligro para la seguridad misma [...]. La imposición no resulta caprichosa”, precisó el juez.

El funcionario judicial sostuvo que “no es una venganza, no, es una forma de asegurar la administración de justicia, la verdad y proteger a la comunidad”. Insistió en “¿cómo no va ser necesario restringirle el derecho a la libertad cuando una sociedad se encuentra amenazada? Es urgente para evitar que el indiciado continúe con ese actuar".

Esto teniendo en cuenta que durante dos meses alias Harold entregó a la Fiscalía General de la Nación varios elementos probatorios que fueron manipulados, lo que representa un intento de desviar la investigación.

“Las víctimas, la sociedad y la comunidad merecen saber qué fue lo que ocurrió”, señaló el juez de control de garantías.