Las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, han generado una controversia que involucra a órganos de control, entidades del Gobierno y voces del Congreso.
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza ha cuestionado abiertamente la legalidad del proceso, señalando posibles inconsistencias en los requisitos exigidos para el cargo y alertando sobre una posible alteración de documentos oficiales.
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Asimismo, la congresista ha hecho públicas sus preocupaciones sobre los criterios utilizados para la designación.
Pedraza aseguró que la hoja de vida de Guerrero no cumplía inicialmente con los requisitos establecidos por la ley para ocupar cargos de alto nivel en la administración pública.
“Empecé denunciando esto porque ella no cumplía los criterios en su hoja de vida. Después, ella empieza a modificar su hoja de vida al punto de que hoy mi denuncia es una denuncia por posible corrupción en documentos públicos, en donde ella ha pasado en tan solo quince días de tener un título de tecnóloga a tener un título profesional“, declaró la congresista en diálogo con Cuestión Pública.
La representante remarcó que, a partir de un análisis detallado, halló que la funcionaria designada no cuenta con tarjeta profesional ni habría presentado el Saber Pro, el examen de Estado requerido para graduarse en Colombia.

Pedraza expuso adicionalmente: “Y cuando le ponemos la lupa, encontramos que no tiene ni tarjeta profesional ni que tampoco presentó el Saber Pro, lo cual es un requisito para graduarse. Así que todo esto, blanco es gallina, lo pone frito, se come, me ha llevado a mí a concluir que es posible, y es lo que le estoy preguntando a ella, que su título sea falso”.
En tan solo quince días, la hoja de vida pasó de registrar un título técnico a uno profesional, cambio que permitió a Guerrero ajustarse a los parámetros mínimos exigidos.
Además de las dudas sobre la formación académica, la representante Pedraza criticó la falta de experiencia y la ausencia de tarjeta profesional, lo cual la inhabilitaría para ejercer algunas funciones públicas específicas según la normativa nacional.
Finalmente, Pedraza también afirmó a Cuestión Pública que: "Hoy, lamentablemente, hoy mismo acaban de modificar el manual de funciones para hacerlo más laxo aún, buscando poner a Juliana Guerrero en el viceministerio de las Juventudes.

Y la verdad es que yo no voy a guardar silencio con esto, porque así como me indignaba que lo hiciera Julián Bedoya, hoy ya está claro para el país que falsificó su título, pues yo mucho menos puedo guardar silencio cuando este gobierno se eligió con un mandato social de cambio y de ruptura con esas prácticas de la política tradicional”.
Juliana Guerrero iniciará acciones legales
En entrevista con la emisora La W, la recién nombrada viceministra de Juventudes aseguró que emprenderá acciones legales en contra de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza “por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el ICFES, que investiga un posible hackeo de datos”.
De acuerdo con la funcionaria, las acciones están fundamentadas en la violación del habeas data y por el delito de calumnia. “Yo estoy comprometida con la juventud, y por eso mismo defenderé mi honra y el debido proceso”, indicó en conversación con el medio citado.
La cercanía entre Juliana Guerrero y Gustavo Petro
Juliana Guerrero, designada viceministra de la Juventud en el gobierno de Gustavo Petro, abordó de manera directa los rumores sobre una supuesta relación personal con el presidente. En una entrevista con Blu Radio el 2 de septiembre de 2025, Guerrero afirmó que su vínculo con Petro es exclusivamente profesional.

Rechazó la idea de que su ingreso al Gobierno o el de otras mujeres jóvenes esté relacionado con favoritismos derivados de vínculos personales o sexuales con jefes, y subrayó que se trata de prejuicios sostenidos por el machismo presente en la política.
Indicó que estos juicios afectan a muchas jóvenes en entidades legislativas y gubernamentales del país, y defendió su acceso a cargos públicos como resultado de su trabajo y convicción personal.
Ante dudas sobre su formación académica, Guerrero reiteró que se graduó como contadora pública el 19 de julio y defendió la legalidad de sus títulos. También narró que su vida universitaria se vio afectada por amenazas y un intento de atentado en 2021, lo que la obligó a mudarse a Bogotá y continuar su educación en distintas instituciones.
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