El nombre del Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá, colegio donde estudiaba la pequeña Valeria Afanador, se ha convertido en el principal foco de la investigación sobre el que las autoridades concentran los hechos que acontecieron en la muerte de la menor de 10 años.
La Gobernación de Cundinamarca inició un proceso administrativo sancionatorio contra el centro educativo para determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado hacia los alumnos, luego de que la rectora de la institución, Sonia Ochoa, denunciara la presunta implicación de un extrabajador del colegio en la muerte de la menor, que según Medicina Legal fue por ahogamiento.
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Por otro lado, una investigación de El Tiempo dio a conocer que el Gimnasio Campestre Los Laureles venía afrontando otro conflicto legal en 2023 relacionado con un proceso de reorganización de la institución, al reportar pasivos que superan los 4.465 millones de pesos y cuentas por pagar por 1.125 millones de pesos. Pero este no es el único problema de la institución educativa.
El colegio no cuenta con el certificado de bomberos
El capitán Álvaro Farfán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, reveló que el colegio no contaba con un documento esencial para su funcionamiento, un hecho que podría tener implicaciones en la determinación de responsabilidades por parte de la Fiscalía.
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Durante una entrevista concedida a El Tiempo y en el programa Sala de Redacción de City TV, Álvaro Farfán explicó que la institución educativa no cuenta con un certificado técnico de bomberos.
Farfán explicó que el certificado técnico de bomberos es fundamental porque evalúa aspectos como la señalización, las salidas de emergencia, el manejo de extintores y la existencia de un plan de emergencias, elementos clave en situaciones como la que involucró a Valeria Afanador.
El capitán, con más de 31 años de experiencia en este tipo de búsquedas, afirmó para el citado medio: “El colegio no contaba con esa certificación. En el caso de presentarse una situación así, es donde empezamos a buscar responsables. Las autoridades competentes son las que tienen que verificar, porque nosotros no somos policivos y nosotros no tenemos esa orden de sellamiento”.
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El capitán Farfán reconoció que se enteró recientemente de la falta de este documento, ya que su jurisdicción abarca todo Cundinamarca y no específicamente el municipio de Cajicá. También subrayó que este hallazgo constituye una advertencia para otras instituciones educativas y establecimientos comerciales, no solo en Cajicá, sino en los 32 departamentos del país, que podrían estar operando en condiciones similares.
Las evaluaciones de la escena de la desaparición de la pequeña Valeria
La investigación también ha puesto la lupa en las intervenciones realizadas en la cerca viva que delimita el perímetro del colegio, considerada la escena de la desaparición de la menor. Fotografías y videos publicados por El Tiempo muestran que, tras la desaparición, se instalaron mallas metálicas y cemento en los límites del colegio, por donde las cámaras captaron a Valeria saliendo en siete ocasiones antes de que su rastro se perdiera.
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El abogado Julián Quintana, representante legal de la familia Afanador, denunció que la escena fue alterada de manera irregular. Ante estos señalamientos, la rectora del colegio, Sonia Inés Ochoa, sostuvo que las obras contaban con la autorización del Puesto de Mando Unificado (PMU), que inicialmente operaba en el colegio y luego fue trasladado.
No obstante, el capitán Farfán desmintió esta versión en Sala de Redacción, al afirmar que el colegio no tenía permiso para realizar dichas intervenciones: “Sí hicieron algunos trabajos allá. Supongo que en su afán de iniciar clases, empezó a tapar algunos huecos, sembraron eugenias, y se hicieron algunos arreglos. Después pues argumentó que era que el Puesto de Mando que le habíamos autorizado cuando técnicamente nosotros no lo hicimos”, dijo el capitán para el programa de City TV.
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El dictamen de Medicina Legal determinó que Valeria Afanador falleció por ahogamiento y no presentaba signos de violencia. La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
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