
En la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicó ante la secretaría de la Cámara de Representantes una nueva versión de la reforma tributaria, anunciada a inicios de agosto.
La presentación de la reforma estuvo a cargo del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que arribó a las 10:30 a.m. a las instalaciones del Capitolio Nacional para realizar el trámite correspondiente.
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Sin embargo, hubo polémica porque, minutos antes de la llegada del funcionario, se conoció que el secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, se había retirado del recinto, lo que generó diferentes tensiones entre el jefe de cartera y otros congresistas que asistieron a la radicación del proyecto económico.
No obstante, el secretario retornó a la oficina legislativa y se realizó la presentación de la ley que será analizada y debatida por las Comisiones Económicas del Congreso.

Durante la presentación, el ministro Germán Ávila explicó que la nueva ley de financiamento busca recaudar 26,3 billones de pesos, con las que se buscaría el financiamiento de una parte del Presupuesto General de la Nación para el 2026, estipulado en $556,7 billones, respectivamente.
“Como lo dijimos en las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara, creemos que cumplimos con el compromiso de que el proyecto de ley de presupuesto se tramite y se discuta paralelamente con la reflexión sobre la ley de financiamiento que acompaña la propuesta de ley de presupuesto”, declaró el ministro en rueda de prensa.
Además, instó a los congresistas para que se garantice la participación de todos los sectores del país en el debate de la propuesta económica.
“Hemos cumplido con los compromisos que hemos hecho con el Congreso. Esperamos que haya un debate serio, responsable, que sea un debate en el cual se escuchen las opiniones de los diferentes actores sociales, políticos, gremiales y económicos del país. Y en ese sentido, creemos que garantizar la estabilidad económica y fiscal del país es una prioridad en la cual deben interlocutar todos los actores de la vida social y política del país”, comentó.

Además, el jefe de cartera aseveró que esta iniciativa “no solamente atendemos las necesidades de financiamiento para el año 2026, sino que estamos garantizando, a través de esta ley de financiamiento, la estabilidad fiscal y macroeconómica del país para todo el próximo gobierno, independientemente de quién sea el resultado”.
Sin embargo, Ávila no ocultó su intención de que el Gobierno que llegue a la Casa de Nariño sea de la misma entraña del presidente Gustavo Petro.
“Nosotros aspiramos a continuar el proyecto de transformación que ha avanzado con el presidente Gustavo Petro en el país. Tenemos la expectativa de que Colombia complete el ejercicio de cambio y por eso somos tan altamente responsables en la presentación de este proyecto, porque no es un proyecto para un gobierno, sino que es un proyecto para garantizar la estabilidad a mediano plazo de las finanzas del país”, puntualizó.

Puntos clave de la reforma tributaria
Entre las medidas propuestas, según información citada por El Tiempo, se destaca la intención de incrementar la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio, lo que implicaría que quienes posean mayores ingresos y bienes asumirán una carga tributaria superior.
Además, se prevé una revisión del impuesto al consumo, con especial énfasis en los denominados impuestos saludables, que desde 2023 gravan productos como bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Estos tributos podrían experimentar ajustes adicionales para reforzar su impacto recaudatorio y sanitario.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) también será objeto de modificaciones. Se plantea la posibilidad de ampliar su alcance a los juegos de suerte y azar, plataformas digitales e iglesias, sectores que hasta ahora han contado con tratamientos diferenciados o exenciones.

Asimismo, se busca gravar con mayor rigor el consumo de licores y tabaco, lo que supondría un aumento en el precio final de estos productos para los consumidores. Otra de las novedades es la propuesta de hacer permanente el impuesto de timbre, que actualmente aplica una tarifa del 1% sobre el costo de trámites notariales. Esta medida, de aprobarse, consolidaría un gravamen que hasta ahora tenía carácter transitorio.
De manera similar, el impuesto al patrimonio podría experimentar cambios, tanto en su estructura como en su base gravable, que se sitúa en el 1%.
En el ámbito de las ganancias ocasionales, la reforma contempla un incremento de la tarifa del 15% al 20%. Este ajuste afectaría directamente a quienes reciban herencias, vendan bienes o propiedades, así como a los ganadores de premios, incluidas las loterías.

No obstante, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recalcó que la reforma no incluye impuestos que impacten a la canasta familiar de los colombianos.
“El gobierno confirma que ningún alimento de la canasta familiar va a ser gravado con el IVA. El Pacto Fiscal que tiene su desarrollo en la ley de financiamiento busca una racionalización en el gasto tributario, lo que implica el incremento de la progresividad en la tributación directa y medidas tributarias a favor de la transición energética, y búsqueda de la disminución de externalidades negativas en materia ambiental y de salud”, expresó el jefe de cartera.
De esta forma, el Estado busca fortalecer su capacidad de recaudación en rubros que tradicionalmente han tenido una menor carga impositiva.
La reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gustavo Petro se perfila como una de las más amplias de los últimos años, con el propósito de garantizar la sostenibilidad fiscal y financiar los compromisos presupuestales del país.
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