Las autoridades del departamento de Huila informaron que una mujer y dos hombres fueron capturados en los municipios de Acevedo y Pitalito, tras una investigación conjunta de los grupos Gaula de la Policía y la Novena Brigada del Ejército.
El caso que motivó la operación corresponde al secuestro de un joven en el Valle de Laboyos en 2024. De acuerdo con el mayor Anderson Castañeda García, comandante del Gaula Militar Huila, los responsables exigieron 150 millones de pesos a la familia de la víctima para su liberación, lo que generó un profundo temor en la comunidad y un grave perjuicio para los allegados del joven.
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Las investigaciones citadas por el periódico La Nación permitieron establecer que los tres capturados ya contaban con antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado, lo que, en palabras de los voceros oficiales, “evidencia la reincidencia y el nivel de amenaza que representan”. Tras su arresto, los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para responder por el delito de secuestro extorsivo agravado.
El mayor Castañeda García subrayó la importancia de este operativo, al afirmar: “Este resultado representa un avance significativo en la lucha contra los delitos que vulneran la libertad personal, enviando un mensaje claro a los grupos criminales: en el Huila no hay espacio para el secuestro ni la extorsión”.
Cae en Bogotá una banda conformada por extranjeros que secuestraba adolescentes
Un mensaje de auxilio enviado desde un teléfono móvil permitió a la Policía Metropolitana de Bogotá localizar y liberar a seis personas que permanecían secuestradas en una vivienda del barrio San Bernardino, en la localidad de Bosa. La intervención policial, que culminó con la detención de seis ciudadanos extranjeros, puso fin a una serie de raptos que afectaban a adolescentes en el sur de la capital colombiana.
El operativo realizado el 21 de agosto de 2025 se desencadenó cuando uno de los menores retenidos logró compartir su ubicación en tiempo real con un familiar, lo que facilitó la llegada de los uniformados al lugar exacto donde se encontraban las víctimas. El mayor Néstor Forero Gómez, comandante de la Policía en Bosa, explicó que esta alerta resultó determinante para el éxito de la operación, ya que permitió a las autoridades irrumpir en el inmueble y rescatar a cuatro menores de edad y dos adultos que permanecían bajo amenazas.
La investigación oficial reveló que los adolescentes secuestrados, cuyas edades oscilaban entre 14 y 17 años, habían sido interceptados en el sector de Potreritos mientras transitaban por las calles de Kennedy y Bosa. Tras ser abordados, los trasladaban a la vivienda donde los mantenían retenidos en condiciones de intimidación.
Dentro del inmueble, los secuestradores utilizaban los teléfonos móviles de los propios adolescentes para comunicarse con sus familias. A través de estos dispositivos, exigían el pago de sumas que comenzaban en 1 millón de pesos y, en algunos casos, enviaban amenazas directas contra los menores con el objetivo de presionar a los padres para que realizaran el pago de manera inmediata.
La acción coordinada de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió no solo la liberación de las víctimas, sino también la captura de los presuntos responsables, quienes ahora enfrentan cargos por secuestro y extorsión.
Las cifras de la lucha contra el crimen en 2025, a la baja
Un descenso sostenido en los delitos comunes y un aumento en las operaciones contra grupos armados marcaron los primeros cinco meses de 2025, según datos del Ministerio de Defensa. Entre enero y mayo, las autoridades reportaron 1.078 capturas de integrantes de organizaciones irregulares, cifra que supera las 989 detenciones registradas en el mismo periodo de 2024.
Además, se contabilizaron 152 menores desvinculados de estos grupos, frente a los 105 del año anterior, y 347 adultos desmovilizados, en comparación con los 211 de 2024.
Durante el mandato de Gustavo Petro, el balance acumulado revela la captura y judicialización de 8.624 miembros de grupos armados organizados y 4.041 de estructuras delincuenciales organizadas. A esto se suma la entrega voluntaria de 739 menores de edad y 1.831 personas adultas, según el informe oficial.
Estos resultados, presentados por el Ministerio de Defensa, reflejan una tendencia a la baja en la criminalidad y un fortalecimiento de las acciones estatales frente a los grupos armados y delincuenciales.
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