La defensa de la nueva reforma tributaria radicada ante el Congreso de la República por el ministro de haciendo, Germán Ávila, inició por parte de los congresistas afines a las políticas del Gobierno nacional. Los argumentos para defender el proyecto con el que la Administración gubernamental busca financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 señalan su conveniencia para la continuidad de programas sociales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que beneficia a miles de estudiantes de colegios oficiales del país.
Una de las primeras figuras en salir en defensa de la denominada “Ley de Financiamiento” fue la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico, que se refirió ante los medios de comunicación argumentando que los recursos recaudados serán para atender las demandas de los colombianos e, incluso, de precandidatos presidenciales.
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De acuerdo con la congresista, que es una de las figuras más visibles de la izquierda, de no aprobarse la reforma tributaria, el Gobierno nacional no podría cubrir las necesidades de las comunidades de cada uno de los departamentos del país.
Según Avella, una de las demandas más comunes corresponde al fortalecimiento de las medidas de seguridad ante la ola de inseguridad en las regiones y los hechos de violencia que han afectado a congresistas y precandidatos presidenciales que ejercen oposición a las políticas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
El Ministerio de Defensa tiene un déficit superior a los $500.000 millones, mientras que en la Unidad Nacional de Protección (UNP) reposan más de 25.000 solicitudes por esquemas de seguridad para facilitar el ejercicio político.
“Es que si no hay ley de financiamiento, no podemos asegurar todo lo que están pidiendo en cada una de las comunidades de los departamentos, que piden seguridad, que piden más policía, que piden más ejército, pero el Ministerio de Defensa tiene un déficit de más de medio billón de pesos. La UNP tiene 25.000 demandas para escoltas y para tener todo lo que se necesita para cubrir la gente”, explicó la senadora.
En la misma línea, la congresista señaló que son más de 100 precandidatos presidenciales que han solicitado medidas de protección para su ejercicio político, ante lo cual sale a relucir la falta de un billón de pesos para cubrir dichas solicitudes, sumadas a los programas sociales que impulsa el Gobierno.
Según la senadora, desde la Administración gubernamental esperan que la nueva reforma tributaria sea aprobada, dado que, en caso contrario, sería “imposible” cubrir las necesidades de los precandidatos y de las comunidades beneficiarias de los programas sociales.
“Tenemos ciento dos candidatos presidenciales que piden, eh, pues, escoltas y demás para poder hacer su labor. Y eso nos ha dicho el jefe la semana pasada de las últimas, eh, sesiones de las comisiones económicas. Hay un déficit de un billón y un poquito más. Y si esa plata no llega, pues es realmente imposible cubrir semejantes condiciones”, declaró la congresista.
Qué propone la reforma tributaria
El proyecto radicado por el Ejecutivo busca recaudar $26 billones con el objetivo principal de “consolidar la estabilidad macroeconómica del país durante el próximo gobierno”, según palabras del ministro de Hacienda durante el acto de radicación de la iniciativa gubernamental.
El proyecto de ley, según explicó el jefe de la cartera, no solo responde a las necesidades de financiamiento para el año 2026, sino que también busca asegurar la estabilidad fiscal y macroeconómica a mediano plazo, independientemente del resultado de las próximas elecciones presidenciales. No obstante, Ávila manifestó su deseo de que el próximo gobierno continúe la agenda de transformación impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Entre los puntos centrales de la reforma, citados por El Tiempo, destaca el fortalecimiento de la progresividad en los impuestos sobre renta y patrimonio, lo que implicaría que los contribuyentes con mayores ingresos y bienes asumirán una carga tributaria más elevada. Además, se contempla una revisión del impuesto al consumo, con especial atención a los llamados impuestos saludables, que desde 2023 gravan productos como bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
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