La reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro ha generado un debate político y judicial en Colombia debido a cuestionamientos sobre su legalidad y su impacto en la población joven y adulta mayor.
Diferentes sectores han señalado presuntas irregularidades en el trámite legislativo; de hecho, su estudio está en manos de la Corte Constitucional por este motivo. Sin embargo, el Ejecutivo defiende el proyecto como una medida para garantizar pensiones universales y fortalecer la protección social.
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El viernes 29 de agosto, Petro lanzó críticas a Valencia en X, señalando: “Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional. ¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre? Ya sé: el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza”.
En respuesta, la senadora del Centro Democrático replicó al día siguiente: “¿Qué tiene Gustavo Petro contra los niños y jóvenes que los pone a pagar su irresponsable reforma pensional? Volver al sistema pensional de reparto ahora que Colombia ya no está siquiera reponiendo población muestra que Petro odia a los niños y a la juventud, ¿Es Petro la reencarnación de Herodes?"
Y agregó: “Esta es la manera como este presidente lleva la controversia: sembrando odio al ser incapaz de debatir. Señalando con mentiras y mala intención. Mediocre en todo”.
¿En qué va el trámite judicial de la reforma?
El origen del proceso judicial se encuentra en la acción presentada por Paloma Valencia, que argumentó que el trámite legislativo de la reforma omitió el debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que podría vulnerar el artículo 48 de la Constitución.
Frente a la demanda, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, decidió ampliar el plazo para la recolección de pruebas con el fin de “garantizar la oportunidad de que los ciudadanos y las autoridades interesadas en este proceso puedan manifestar lo que estimen pertinente, y aportar las pruebas necesarias para la adopción de una decisión de fondo”.
El alto tribunal confirmó que recibió información sobre la presencia o ausencia del presidente durante las sesiones legislativas; sin embargo, tanto el Departamento Administrativo de la Presidencia como la Secretaría Jurídica señalaron que esos datos están bajo “reserva legal” y no serán divulgados.
Por otra parte, aunque la Cámara de Representantes aprobó el Acta 257; correspondiente al 28 de junio de 2025, con lo cual se documentó la subsanación de los vicios señalados; el proyecto aún no ha sido analizado de fondo por el alto tribunal ya que se espera la aprobación de otra acta considerada clave para superar los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso legislativo.
Tensiones entre las instituciones
El presidente Petro ha expresado públicamente su inconformidad con lo que considera retrasos injustificados en el trámite judicial. Durante un acto en Córdoba el 8 de agosto, manifestó: “Hay gente que quiere que nos desfinancien y quitarnos las posibilidades, tumbar decretos, tumbar leyes, congelar leyes como la pensional cuando se ha aprobado dos meses en el Congreso de la República. (…) Hablar de ‘fuera y fuera y fuera’, como si fuera delito el haber planteado una reforma agraria de nuevo en Colombia, como si fuera delito el que hubiera una pensión universal para las personas, como si fuera delito el que el trabajador y la trabajadora tuvieran un salario más digno, como si fuera delito defender el territorio”.
En otra ocasión, el jefe de Estado afirmó que el presidente de la Corte Constitucional “desconfía del presidente de la República” y que actuaba motivado por “odio ideológico”.
El magistrado respondió mediante un auto judicial señalando que tales afirmaciones “no corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política”.
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