Hay revuelo en el municipio de La Paz, en el departamento de Santander, después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la imputación de su mandataria local, Cielo Carun Díaz Amada.
Según informó el ente acusador, la alcaldesa de La Paz habría incurrido en el delito de peculado por apropiación, derivado de una presunta apropiación de recursos de la salud cuando ejercía como cabeza de la Empresa Social del Estado Nuestra Señora de La Paz.
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A pesar de la imputación formal en su contra, la alcaldesa Cielo Carun Díaz Amada rechazó los cargos que le atribuyó la Fiscalía General de la Nación y afirmó su inocencia frente al proceso judicial por presunto peculado por apropiación.
La Fiscalía detalló que las investigaciones apuntan a que, estando Díaz Amada al frente de la Empresa Social del Estado Nuestra Señora de La Paz, se habría apropiado indebidamente de recursos públicos por un total de 15 millones de pesos a través del cobro de tres cheques vinculados a actividades administrativas del centro médico.
El ente judicial sostiene que el primer cheque, con un valor de cinco millones de pesos, fue girado el 17 de agosto de 2017, asociado a un contrato cuyo objeto era un préstamo de ambulancia. El segundo pago, fechado el 11 de enero de 2018, ascendió a $4.144.897, mientras que el tercer desembolso se realizó el 7 de septiembre de 2018, con una cifra de $14.202.100. La suma de estos valores, de acuerdo con la fiscalía, constituye la evidencia central para sustentar la imputación de peculado por apropiación.
Por el momento, la defensa de la alcaldesa y la exgerente médica no ha dado a conocer información sobre los argumentos con los que pretende refutar las acusaciones.
Mientras tanto, el ente acusador ya adelanta la preparación para la fase de juicio oral que podría determinar responsabilidad, o excluirla, por los delitos imputados.
Condenan a exalcalde de Villanueva, Santander, por corrupción
Luis José Jaimes Trillos, exalcalde de Villanueva (Santander), fue condenado a seis años y tres meses de prisión por irregularidades en un contrato de obra pública durante su gestión entre 2008 y 2011, según informó la Fiscalía General de la Nación.
La sentencia, dictada en primera instancia y aún apelable, se relaciona con un contrato firmado en diciembre de 2010 para construir la red de alcantarillado pluvial en el sector El Colegio, por un valor inicial de $299.933.000, al que se sumaron $23 millones en junio de 2011.
La Fiscalía documentó que la contratación se realizó con un único proponente que no cumplía los requisitos exigidos y que no se celebró el contrato de interventoría, lo que derivó en daños en la infraestructura y deficiencias en la calidad de la obra.
Junto a Jaimes Trillos, el juez también condenó a Julián Alberto Sánchez, exsecretario de Planeación de Villanueva, a siete años y tres meses de prisión por los mismos delitos y por falsedad ideológica en documento público.
El fallo generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron la gestión de Jaimes Trillos y otros celebraron la decisión judicial: “Excelente noticia por fin un poco de justicia en Villanueva”, escribió un usuario.
En otro caso, David Barros Vélez, exalcalde de Armenia (Quindío), se entregó voluntariamente a las autoridades el 4 de agosto en Pereira tras permanecer prófugo desde 2019. Barros Vélez, quien fue condenado en 2019 a 20 años de prisión por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado por apropiación, se presentó en la Defensoría Regional del Pueblo acompañado de su abogado y familiares.
Según la Defensoría, la entrega buscó garantizar sus derechos fundamentales durante el proceso de reclusión. El proceso judicial contra Barros Vélez se originó por un incremento patrimonial injustificado: inició su mandato con deudas superiores a $100 millones y un capital de $35 millones, pero al finalizar su gestión su patrimonio superaba los $1.000 millones. Además, se detectaron fondos no justificados en cuentas bancarias en el exterior, especialmente en Estados Unidos.
Hasta ahora, las autoridades no han precisado en qué centro penitenciario cumplirá la condena, aunque se contempla su traslado a la cárcel La 40 de Pereira. El caso también involucró a Luz Elena Isaza Velásquez, compañera sentimental de Barros Vélez, quien fue condenada en 2020 a 10 años y 8 meses de prisión por lavado de activos, con una multa de 5.938 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
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