El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Augusto Octavio Tejeiro, señaló que la justicia tiene la obligación de dar respuestas claras frente a la fuga de Carlos Ramón González hacia Nicaragua, tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante el XXVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, realizado en Villavicencio, Meta, el presidente del alto tribunal se refirió por primera vez al caso de González, que fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).
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El exfuncionario, cercano al presidente Gustavo Petro, salió del país cuando la Fiscalía General de la Nación adelantaba investigaciones en su contra por los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la Ungrd.
Primer pronunciamiento de la Corte Suprema
En medio del encuentro judicial, el magistrado Tejeiro afirmó: “En esto hay muchos problemas. El problema de la justicia como tal es darle respuestas oportunas al Estado, una vez que los hechos aparentemente reprimibles han ocurrido, la justicia tendrá que, en algún momento, expresarse después de un proceso”.
El pronunciamiento se produce en medio del escándalo que involucra a González, que además de ser prófugo de la justicia, fue imputado y señalado por la Fiscalía como cabeza de una estructura irregular en el manejo de recursos de la Ungrd.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema calificó el caso como una “empresa criminal con vocación de permanencia”, liderada por González, fundador del partido Alianza Verde y promotor de la consulta anticorrupción de 2018. El presidente de la Corte Suprema también precisó que, una vez concluido el proceso, “la justicia tendrá que llegar a algún tipo de conclusión para decirle al país cuál es la respuesta una vez determinados los hechos”.
Inspección a la Cancillería
Paralelo al pronunciamiento del alto tribunal, la Procuraduría General de la Nación adelantó diligencias en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de esclarecer las circunstancias de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua.
El viernes 29 de agosto, el organismo de control informó que revisó más de 600 correos electrónicos y tomó declaración a un funcionario de la embajada de Colombia en Nicaragua como parte de la inspección que se prolongó por tres días. Durante más de 20 horas de trabajo, el equipo recopiló circulares, manuales de protocolos y documentos de servicio.
En particular, se analizaron los cruces de correos entre funcionarios y exfuncionarios de la Cancillería, incluidos los de la actual canciller Rosa Villavicencio, varios excancilleres y viceministros, con comunicaciones que datan desde junio de 2024.
La Procuraduría también asumió la actuación que adelantaba la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores contra funcionarios aún por determinar. El objetivo es establecer si se dieron trámites o procedimientos desde la embajada o la Cancillería que facilitaran a González la obtención de residencia, cédula de residencia y permiso de ingreso otorgados por el Gobierno de Nicaragua.
Cabe recordar que el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha salpicado a diferentes figuras de alto nivel del actual Gobierno. Entre ellos se encuentran el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; varios exdirectivos de la Ungrd; funcionarios de menor rango y nueve congresistas.
La Corte Suprema de Justicia ya formuló acusación contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, investigados por los delitos de cohecho por apropiación y peculado. Ambos permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá.
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