La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) otorgó el miércoles 27 de agosto de 2025 el reconocimiento de la Mesa de Participación de Víctimas de Córdoba como interviniente especial en el proceso que involucra a la excongresista Zulema Jattin, vinculada con la parapolítica.
A partir de esta decisión, la mesa podrá ejercer varias funciones clave dentro del proceso judicial. Entre ellas se encuentran la posibilidad de intervenir directamente en el proceso, aportar pruebas relevantes, recibir información y acompañamiento tanto jurídico como psicosocial y supervisar que las medidas de reparación tengan un carácter verdaderamente restaurativo.
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Este conjunto de facultades representa una ampliación de derechos para las víctimas, quienes ahora contarán con mecanismos efectivos para hacer valer sus intereses y perspectivas ante la JEP. En ese sentido, la intervención permitirá a la Mesa desempeñar un papel activo en el caso, una situación que contrasta con la limitada intervención que tuvieron en la justicia ordinaria.
La acreditación concedida por la JEP implica que las personas afectadas por los vínculos entre políticos y grupos paramilitares en Córdoba tendrán, por primera vez, una voz reconocida en el proceso judicial. Esta diferencia resulta especialmente relevante si se compara con el tratamiento que recibieron en la jurisdicción ordinaria, donde su participación fue restringida y carecieron de herramientas para incidir en el desarrollo de los casos.
En el caso específico de Zulema Jattin, la excongresista comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, enfrentando cargos por concierto para delinquir. La acusación se fundamenta en la existencia de víctimas derivadas de alianzas con grupos paramilitares durante contiendas electorales en el departamento de Córdoba.
La JEP ha adoptado una perspectiva que trasciende la visión tradicional de la parapolítica como un simple delito contra el orden público. Según este tribunal, se trata de un fenómeno que ha generado víctimas directas en los territorios, lo que justifica la apertura de espacios para que las comunidades afectadas por las alianzas entre políticos y paramilitares sean escuchadas y participen activamente en la búsqueda de justicia y reparación.
Zulema Jattin y su denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe
En agosto de 2023, Jattin, excongresista de Córdoba, señaló en una audiencia ante la JEP que el expresidente Uribe Vélez desestimó denuncias sobre la interferencia de grupos paramilitares en actividades políticas durante la campaña presidencial de 2002.
Según su testimonio, durante la campaña que llevó a Uribe a la presidencia en 2002, ella buscó al entonces candidato para exponerle que los paramilitares le impedían realizar actividades proselitistas en Córdoba: y relató que la respuesta de Uribe fue recomendarle que no presentara ninguna denuncia si no contaba con pruebas, sugiriendo que lo más conveniente era abstenerse de formalizar quejas ante las autoridades.
En su comparecencia, la exsenadora también describió una reunión celebrada en 2004 en la finca de Alfredo Corena, donde participaron Uribe y otros dirigentes políticos: allí, Jattin aseguró ante los magistrados de la JEP que, en ese encuentro, algunos asistentes admitieron vínculos con los paramilitares. Según su versión, el entonces presidente Uribe Vélez optó por no pronunciarse al respecto.
“Creo que a él (Uribe) le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba, se mantuviera, y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo o a hacer público (...) pues ese ruido iba a afectar la campaña presidencial”, dijo la exrepresentante a la Cámara en la audiencia.
A raíz de su testimonio, el 25 de agosto de ese año, el abogado Juan Sebastián Duque, representante legal de Uribe en ese entonces, confirmó la presentación de una querella por calumnia contra Jattin, motivada por sus declaraciones ante la JEP.
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