Según el Código Nacional de Tránsito Terrestre en Colombia, los conductores de servicio público como los taxistas deben cumplir obligaciones específicas para operar legalmente y evitar sanciones.
La normatividad principal, definida por la Ley 769 de 2002, establece las reglas a seguir para todos los actores viales, especificando categorías para las licencias de conducción de servicio público: C1 para automóviles, camperos, camionetas y microbuses; C2 para camiones rígidos, busetas y buses; y C3 para vehículos articulados.
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El documento advierte que “el titular de la Licencia de Conducción de mayor categoría podrá conducir vehículos de categoría inferior”, según el parágrafo 1º del artículo 5º del Código de Tránsito.
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Así mismo, el Ministerio de Transporte señala que la licencia de conducción constituye un “documento público de carácter personal e intransferible, mediante el cual la autoridad competente autoriza a una persona para la conducción de vehículos en todo el territorio nacional”, habilitando a su titular a operar vehículos conforme a las condiciones de cada categoría.
Entre las obligaciones principales, destaca la prestación eficiente del servicio. Existe una práctica recurrente entre algunos taxistas: la negativa a llevar pasajeros a determinados destinos, un comportamiento reportado por múltiples usuarios y conocido popularmente como la frase “por allá no voy”.
Según el literal E2 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, todo conductor que se niegue a prestar el servicio público de transporte sin una causa justificada, y cuando dicha negativa genere alteración del orden público, está sujeto a sanciones.
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El código establece que quienes incurran en esa conducta “serán sancionados con multa equivalente a cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes”. En términos concretos, si un agente de tránsito impone la sanción por este motivo, el conductor o el propietario del vehículo deberá pagar 2.135.250 pesos colombianos en concepto de multa.
Taxistas han protagonizado múltiples polémicas por su servicio
Y es que una de las quejas más recurrentes es el famoso “por allá no voy”, que refleja la negativa de algunos taxistas a cumplir con los trayectos solicitados sin una justificación válida.
Paralelamente, el sector enfrenta una crisis financiera derivada del encarecimiento de los seguros, con aumentos de entre 100 % y 300 % en los últimos años —situación que ha llevado a paros y protestas— mientras los taxistas denuncian prácticas que parecerían encubrir un cártel asegurador.
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Los taxistas también han sido protagonistas de manifestaciones convocadas bajo el rechazo a plataformas como Uber y Cabify, acusadas de operar ilegalmente. Estas protestas incluyeron bloqueos de vías, operativos tortuga y enfrentamientos, por ejemplo, con motociclistas cerca del aeropuerto El Dorado, generando caos vial y confrontaciones físicas.
Aunque en algunas ciudades las movilizaciones fueron pacíficas, en Bogotá y Cali se reportaron bloqueos prolongados que complicaron la movilidad urbana.
Casos de agresividad hacia los usuarios también han sido denunciados. Hay registros de taxistas que agredieron física o verbalmente a pasajeros por pedir indicaciones o por la ruta elegida, llegando incluso a abandonar el vehículo en plena carrera.
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En redes sociales se reportan prácticas como cobros injustificados, taxímetros adulterados o conductores que se niegan a prestar el servicio, aunque muchas denuncias no llegan a las autoridades.
Además, turistas han denunciado recargos exorbitantes en destino, como en Cartagena.
En conjunto, estas situaciones reflejan cómo el servicio de taxis enfrenta una presión creciente: desde condiciones económicas adversas hasta tensiones sociales y un servicio que frecuentemente falla en garantizar los derechos del usuario.
Así mismo, es importante mencionar que la crisis que afronta el sector de los taxistas no sería a nivel nacional, sino en distintos países del mundo; esto, teniendo en cuenta el auge de los servicios de transporte por plataforma.
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