Congresistas de Colombia presentaron un proyecto de ley que propone que menores de 14 a 18 años puedan recibir penas de hasta 60 años de prisión por delitos graves.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 025 de Cámara, surge como respuesta a la preocupación por el uso de menores en actividades delictivas por parte de organizaciones criminales.
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La congresista Luz Pastrana afirmó que la propuesta busca frenar la instrumentalización de menores y proteger la infancia en el país.
“Durante años, la criminalidad ha utilizado a nuestros niños como instrumentos del delito. Por eso, nos unimos a la iniciativa de la representante Piedad Correal y, en coautoría, radicamos el proyecto”, declaró Pastrana.
La representante Piedad Correal Rubiano explicó que el objetivo es que los adolescentes que cometan delitos como homicidio, secuestro, extorsión, delitos sexuales o terrorismo sean juzgados como adultos.
Correal enfatizó: “No más instrumentalización de los menores por la laxitud del Código de Responsabilidad de Adolescentes”.
El debate sobre la reforma involucra a legisladores de diferentes partidos, como el Partido Liberal y el Pacto Histórico, quienes discuten el alcance y las implicaciones de endurecer el régimen penal juvenil.
Congreso debate endurecer penas para adolescentes desde los 14 años
Las críticas al proyecto apuntan al hecho de que los menores infractores también son víctimas de los contextos de pobreza, abandono y manipulación por parte de las organizaciones criminales. Arbelaez reconoció la dificultad de este debate en diálogos con Blu Radio:
“Aquí hablamos de niños y adolescentes, que además son víctimas... de las mafias que no tienen escrúpulos”. Relató que, según confesión de alias El costeño, el menor implicado en el asesinato de Uribe fue reclutado y, posteriormente, iba a ser asesinado por los propios criminales.
“Esta es la instrumentalización que están haciendo con los jóvenes... al parecer hay headhunters que se dedican a reclutar jóvenes para que puedan cometer delitos”.
La representante justificó la determinación de los 14 años como el umbral penal remitiéndose a la legislación comparada, citando que en países como el Reino Unido la edad de responsabilidad es incluso más baja.
No obstante, aclaró que en el contexto colombiano, el común denominador entre los reclutados por bandas suele estar entre los 14 y los 18 años, por lo que “quitarle ese incentivo” a los grupos delictivos es clave para la reforma.
En cuanto al destino de los infractores, Arbelaez afirmó que los jóvenes condenados por delitos atroces tendrían que cumplir su sentencia en centros penitenciarios para adultos, sin prever “un lugar de reclusión distinto” para quienes tengan entre 14 y 18 años en estos casos. La lista de delitos contemplados, detalló, incluye el secuestro, el terrorismo y el homicidio.
El componente de resocialización, según expuso la representante, contempla la necesidad de fortalecer la prevención y el apoyo a las familias, así como la implementación de programas sociales robustos que disminuyan la vulnerabilidad de los menores ante el delito.
Cuestionó, no obstante, que los incentivos estatales orientados a jóvenes en situación de riesgo —como el programa “jóvenes en paz”, que entrega un millón de pesos mensuales— podrían estar resultando contraproducentes al incentivar la delincuencia.
Arbelaez subrayó que la reforma “no se trata de criminalizar a toda la juventud”, sino de combatir la impunidad y enfrentar una situación que califica de “realidad cruel”: la cooptación de menores por el crimen organizado frente a la ausencia de oportunidades estatales y sociales. Sostuvo que el Estado mantiene una “deuda enorme” con la juventud colombiana, al tiempo que instó a la construcción de soluciones integrales que incluyan tanto el endurecimiento penal como la prevención y promoción de alternativas educativas y recreativas.
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