Gobierno giró $20.000 millones a la JEP para ejecutar primeras sanciones contra exfarc y militares retirados

El Gobierno realizó un giro de $20.000 millones de pesos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para financiar la implementación de sus primeras sanciones contra antiguos líderes de las Farc y militares en retiro. El anuncio lo hizo el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, quien confirmó que estos recursos facilitarán el cumplimiento de las sentencias emitidas contra quienes admitieron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El Ministerio de Hacienda efectuó la transferencia inicial a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad que administrará el dinero destinado a los proyectos restaurativos ordenados por la JEP.

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“El Ministerio de Hacienda aseguró que ya había girado los 20 mil millones de pesos iniciales a la Agencia de Reincorporación, que es la encargada de gestionar esos recursos, quedarían otros 30 mil millones pendientes, y estamos con un tema que es complejo y es cómo se van a financiar las sanciones el próximo año”, puntualizó Ramelli.

Esta suma corresponde a una cuota inicial para garantizar que las sanciones impuestas puedan ejecutarse con el enfoque restaurativo y colectivo que caracteriza a la justicia transicional.

El magistrado subrayó la necesidad de asegurar en el próximo presupuesto los fondos adicionales pendientes, al afirmar: “Es muy importante que en la ley de presupuesto que se está discutiendo hoy en el Congreso, se incluyan a las diferentes entidades las partidas necesarias para que las sentencias se puedan cumplir, porque esto es como, la cuota inicial, pero obviamente es necesario que en el presupuesto del próximo año queden asignadas las partidas correspondientes”.

Con estos fondos, la JEP se dispone a expedir a mediados de septiembre las primeras sentencias de sanciones propias en dos macro-casos: uno dirigido a los siete excabecillas del último secretariado de las Farc, quienes aceptaron más de 21.000 secuestros y delitos conexos, y otro enfocado en doce militares retirados del Batallón La Popa de Valledupar que reconocieron su papel en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005.

El presidente de la JEP precisó que “mis colegas ya están discutiendo los dos proyectos de sentencia, que fueron radicados y serán analizados de manera conjunta. Hacia mediados del próximo mes ya se expiden las sentencias”, dando cuenta del avance procesal en estos expedientes. Estas decisiones establecerán restricciones de derechos para los responsables, incluyendo limitaciones a la libertad de locomoción y la ejecución de trabajos restaurativos.

Respecto a las condiciones de cumplimiento de las penas, Ramelli aclaró que el Ministerio de Defensa prepara un borrador de decreto para definir las normas de habitabilidad y seguridad tanto de los exjefes guerrilleros como de los militares. Los exuniformados cumplirán las sanciones en unidades militares, mientras que las zonas de ubicación para los exintegrantes de las Farc aún están en evaluación, en diálogo con comunidades indígenas y afrodescendientes receptoras de los proyectos restaurativos.

El magistrado señaló, que el cumplimiento de las sentencias quedará suspendido si las partes presentan recursos de apelación, hasta que una instancia superior resuelva definitivamente. Solo en ese momento, una vez estén en firme las sentencias, se implementarán las restricciones y las actividades de reparación ordenadas por el tribunal.

La expedición de estas sanciones representa el inicio de una nueva etapa en la aplicación de la justicia transicional de Colombia. El proceso implica la puesta en marcha de medidas colectivas y compromisos de reparación directa con las víctimas del conflicto.

Paralelamente, un decreto en elaboración entre la JEP, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz establece pautas para los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR), incluyendo requisitos de seguridad social, protección laboral y habitabilidad digna para los comparecientes, así como condiciones institucionales y de resguardo tanto para los responsables como para las comunidades receptoras.

Estos lineamientos detallan que las entidades públicas y privadas involucradas deberán afiliar a los sancionados a la seguridad social y aplicar medidas de seguridad adaptadas a los contextos donde se cumplan las sanciones, garantizando condiciones dignas para todas las partes involucradas.

La confirmación del giro de recursos y el avance en la reglamentación normativa tienen lugar pocas semanas antes de que la JEP emita las primeras sentencias restaurativas en firme, enfocadas en los máximos responsables de hechos de violencia sistemática en el conflicto armado colombiano.

El desembolso y la preparación institucional se presentan según medios de comunicación como pasos determinantes para la verdad, la reparación y la no repetición en la transición de Colombia hacia una paz estable y duradera.