El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió en sus redes sociales los mensajes que, según él, circulan sobre una supuesta intención del Gobierno de reconocer la brujería como religión.
Aclaró que tanto él como el Ministerio del Interior rechazan esta interpretación y advirtió sobre las desinformaciones difundidas en plataformas como Whatsapp.
“Desde el 1 de agosto expresé que ni el Gobierno, ni el @MinInterior ni yo estamos de acuerdo con que la brujería sea religión. Lo vuelvo a repetir hoy ante las falsas cadenas de WhatsApp y desinformaciones de espontáneos y creativos que le mienten a la gente”, escribió el funcionario del Gobierno Petro en su mensaje de X.
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Armando Benedetti publicó un video junto con su mensaje en el que reiteró que el Gobierno no busca reconocer la brujería como religión y rechazó los rumores que circulan en redes sociales. Además, enfatizó que el Estado no intervendrá en las iglesias ni les impondrá regulaciones, ratificando su compromiso con la libertad de culto.
“O que el Estado se meta dentro de las iglesias para hacer una supervisión fiscal a las cuentas o buscar cómo el culto y la oración tienen un precio para el Estado. Esa sería una forma de intervenir a las iglesias y nosotros estamos con la libertad de culto. Y además de eso, nunca meternos con las iglesias o regularlas o reglamentarlas”, comentó el ministro del Interior del Gobierno Petro en el metraje.
Benedetti recordó que el 4 de agosto se reunió con treinta líderes y pastores de distintas iglesias del país para aclarar personalmente que el Ministerio del Interior no tiene la intención de intervenir en asuntos religiosos.
Añadió que, a pesar de estas aclaraciones, siguen circulando afirmaciones falsas sobre supuestas intenciones del Gobierno de promover leyes sobre el tema.
“Lo hicimos también el 4 de agosto, cuando estuvieron los treinta principales líderes, pastores de las diferentes iglesias del país, donde convenimos y se les explicó que el Ministerio del Interior no quería para absolutamente nada meterse en ese tema. Lo volvemos a hacer hoy ante unos espontáneos y creativos que están mintiéndole al país, diciendo que el Gobierno quiere hacer este tipo de leyes. No estamos de acuerdo con ello y ya estaba dicho”, aseveró el funcionario público perteneciente a la actual administración pública del país.
De hecho, también recordó una publicación en su cuenta de X en la que habló de dicha reunión. “Hoy nos reunimos en el @MinInterior con más de 30 líderes interreligiosos. Ha quedado claro que la fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. No nos corresponde regularla en exceso ni ponerle límites. Nos corresponde garantizar que toda persona pueda ejercer su fe sin coacción, sin obstáculos, sin miedo”.
La presentación de dos propuestas legislativas en el Congreso, impulsadas por el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico, ha generado un clima de controversia nacional. Los proyectos identificados como 057 y 058 plantean, por un lado, la creación de un sistema de supervisión para organizaciones religiosas y, por otro, la inclusión de las prácticas espirituales indígenas dentro de la protección al derecho de libertad de culto.
Diversos grupos religiosos asentados en la región del Urabá, en Antioquia, expresaron su rechazo categórico ante estas iniciativas. El Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo envió una carta, fechada el 8 de agosto, a siete congresistas del Pacto Histórico solicitando el retiro de ambos proyectos. Según informó El Colombiano, el senador Benavides confirmó que las iniciativas continúan en trámite.
El proyecto 058 ha generado especial controversia. Este busca modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994, que excluye de la categoría de religión actividades relacionadas con el satanismo, la brujería, las prácticas mágicas o supersticiosas y los fenómenos parapsicológicos.
La iniciativa busca suprimir dichas limitaciones con el objetivo de impedir actos discriminatorios o persecutorios contra manifestaciones espirituales variadas, siempre que respeten lo establecido por la Constitución y la legislación vigente.
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