Confirman millonario recorte que se debe hacer al presupuesto del Gobierno para evitar aumento en el cobro de impuestos

Un análisis sobre el monto del Presupuesto General de la Nación de 2026, presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, advierte que el plan presupuestal es fiscalmente inviable en su estado actual y que, sin una corrección de esa magnitud, el país se vería forzado a recurrir a una nueva reforma tributaria para evitar el colapso de las finanzas públicas.

El informe, elaborado por Carlos Augusto Chacón y Oscar José Torrealba, expertos del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría (ICP), sostiene que el presupuesto propuesto para 2026 solo podría sostenerse si se elimina la dependencia de una reforma tributaria futura por $26,3 billones, se adoptan metas de recaudo más realistas que reduzcan en $11,3 billones las expectativas actuales y se revierte el reciente aumento del gasto, que suma otros $18,2 billones.

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De acuerdo con el mismo, la suma de estos tres factores determina el ajuste total necesario para restablecer la viabilidad fiscal.

Reforma tributaria y metas de recaudo en el Presupuesto General de la Nación 2026

El núcleo del problema radica en que el Gobierno condicionó la financiación del presupuesto a la aprobación de una reforma tributaria futura, cuya viabilidad es incierta. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) calificó como poco realista la meta de recaudo adicional de $26,3 billones al señalar que las proyecciones oficiales ya sobrestiman los ingresos en al menos $11,3 billones. Además, el Carf advirtió sobre el debilitamiento de la base tributaria formal, lo que complica aún más la posibilidad de alcanzar los objetivos fiscales planteados.

El ICP resaltó que la planificación fiscal del Gobierno carece de consistencia y credibilidad. Apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Ejecutivo presentó un presupuesto que contradice sus propias proyecciones, ya que incrementó el gasto primario en $18,2 billones y elevó el déficit primario del 1,4% al 2,0% del Producto Interno Bruto (PIB). El Carf interpretó este giro como un síntoma de problemas graves en la planeación fiscal, que desvirtúan el papel del MFMP como guía y lo convierten en un instrumento adaptable a las necesidades políticas del momento.

La estructura del Presupuesto General de la Nación 2026 revela una rigidez significativa. Con un monto total de $557 billones, el presupuesto crece un 3,7% en términos reales respecto a 2025. Según el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, el 65,7% de los recursos se destina a funcionamiento ($365,8 billones), el 18,4% al servicio de la deuda ($102,4 billones) y solo el 15,9% a inversión ($88,8 billones).

Más del 80% del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles, lo que deja escaso margen para ajustes o reorientaciones.

Deuda pública y mecanismos de financiamiento del gasto

Se debe tener en cuenta que el proyecto de ley introduce mecanismos que permiten financiar el gasto corriente con deuda, una práctica que, según el ICP, oculta el déficit real y traslada los costos a futuro. Los artículos 8, 62 y 74 del proyecto facultan al Gobierno para emitir bonos destinados a cubrir gastos corrientes, subsidios como el del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y otros pasivos, incluyendo cesantías y obligaciones judiciales.

El ICP advierte que estas medidas no resuelven los problemas estructurales, sino que los postergan y agravan la carga financiera para las próximas generaciones.

Y es que el contexto fiscal que rodea al presupuesto de 2026 está marcado por la suspensión de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) y la activación de la cláusula de escape, que permite un déficit del 7,1% del PIB en 2025, un nivel solo visto en años de crisis profunda. El Gobierno justificó el margen ampliado como respuesta a desequilibrios fiscales autogenerados, mientras que el Carf sostiene que la activación de la cláusula no corresponde a la naturaleza de la situación actual.

De igual manera, el ICP señala que la institucionalidad fiscal se ha debilitado y que el uso de Transacciones de Única Vez (TUV) ha servido para ocultar un déficit estructural persistente.

La caída del recaudo tributario en 2024, calificada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como un evento inesperado, es interpretada por el ICP como una consecuencia directa de las políticas gubernamentales. Desde agosto de 2023, los datos ya mostraban una tendencia descendente, mientras que el crecimiento económico hasta el segundo trimestre de 2025 se apoyó en sectores de baja productividad.

La contracción del sector minero, con una caída del 10,2%, y el aumento de la informalidad —el 55% de la ocupación es informal y el 40,8% de los trabajadores son por cuenta propia— han erosionado la base de contribuyentes formales, haciendo inviable la expectativa de mayores ingresos fiscales.

El ICP advierte que el país no puede soportar más incrementos en la presión impositiva. El sector formal, ya afectado por cargas tributarias elevadas y un entorno de desconfianza, no está en condiciones de financiar un gasto público creciente e ineficiente.

Meta de recaudo es optimista

“Cada nueva reforma tributaria que aumenta la presión sobre los contribuyentes formales acelera la informalidad y reduce la base de recaudación. La meta de recaudar un 1,4% del PIB adicional se considera optimista, ya que el recaudo total proyectado (17% del PIB) superaría el máximo alcanzado en 2023, que se vio impulsado por medidas transitorias”, dice el ICP.

Entonces, pretender igualar o superar ese nivel en un contexto de menor formalidad y desconfianza empresarial es, para la entidad, una apuesta destinada al fracaso.

El informe detalla que las disposiciones generales del proyecto de ley facilitan la expansión de la deuda pública para cubrir pasivos y gastos corrientes. El artículo 74 autoriza el pago de obligaciones del Fepc mediante la emisión de bonos, el artículo 62 permite cubrir cesantías y pasivos judiciales con deuda, y el artículo 8 otorga al Gobierno la facultad de emitir títulos de tesorería (TES) clase “B” sin respaldo del Banco de la República. Estas herramientas, según el ICP, no abordan los problemas de fondo y solo trasladan la carga financiera a las futuras administraciones.

“El riesgo de un deterioro fiscal mayor es inminente. Al permitir que estos gastos se financien con deuda, se evita que impacten el déficit del año en curso, pero se incrementa el servicio de la deuda en el futuro”, puntualiza. El ICP sostiene que esta estrategia difiere el ajuste fiscal necesario y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo

Déficit fiscal, deuda pública y consecuencias para Colombia

Las consecuencias de la política fiscal propuesta en el presupuesto de 2026 ya se perfilan en el horizonte. “El aumento del déficit y de la deuda pública, en un entorno de tasas de interés elevadas y mayor percepción de riesgo país, encarecerá el financiamiento estatal”, señala. La prima de riesgo de Colombia ya supera la de otros países de la región, lo que refleja la desconfianza de los mercados.

Según el Carf, la estrategia fiscal del Gobierno solo cubre el 46% del ajuste necesario durante los tres años de activación de la cláusula de escape, dejando la mayor parte de la carga para el próximo gobierno. Las proyecciones indican que la deuda pública podría alcanzar el 63,8% del PIB en 2027, acercándose al límite del 71% y alejándose del ancla prudente del 55%.