El Ministerio de Defensa realizó la presentación de un paquete de cuatro proyectos de ley ante el Congreso, todos orientados a transformar los marcos normativos en materia de seguridad, ciencia y justicia en Colombia.
Entre las iniciativas radicadas, destaca la propuesta para crear la Agencia Espacial de la República de Colombia (Aescol), un organismo que dependería directamente de la Presidencia de la República y que tendría carácter autónomo. Según el Ministerio de Defensa, la función principal de esta agencia sería articular, coordinar y promover las capacidades, recursos e iniciativas espaciales del país, con el objetivo de fortalecer el desarrollo científico y tecnológico nacional.
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El ministro Pedro Arnulfo Sánchez subrayó que, a nivel global, existen al menos 77 agencias espaciales gubernamentales y que en América Latina ya operan programas espaciales en países como Argentina, Brasil, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú. Estas estructuras, según el funcionario, cumplen un papel estratégico en el avance científico de sus respectivas naciones.
¿Qué es una agencia espacial y cuáles son sus precedentes en Colombia?
El concepto de agencia espacial se refiere a una organización, generalmente estatal, dedicada a la investigación, exploración y desarrollo de tecnologías relacionadas con el espacio. Sus actividades pueden abarcar desde la ciencia básica y la exploración hasta aplicaciones prácticas como la observación terrestre y las telecomunicaciones.
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El surgimiento de estas entidades se remonta a finales de los años cincuenta, cuando se hizo necesario coordinar los esfuerzos de los distintos centros de investigación enfocados en la exploración espacial.
En el contexto colombiano, ya existe la Agencia Espacial de Colombia (AEC), una fundación privada cuyo propósito es articular la academia, el Gobierno y el sector privado para impulsar la industria de tecnologías y servicios aeroespaciales en el país. No obstante, la propuesta del Ministerio de Defensa apunta a establecer una agencia estatal con mayor capacidad de coordinación y alcance institucional.
Si bien la fundación que se autodenomina bajo ese nombre ha participado en foros en el exterior y firmado convenios, lo ha generado que un grupo de científicos y astrónomos están inquietos porque no representa al Estado. La agencia siempre ha dejado claro que no es una entidad oficial.
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La Agencia fue constituida el 4 de octubre de 2017 en Bogotá como una corporación privada sin fines de lucro, creada con el objetivo de articular la academia, el gobierno y el sector privado y desarrollo de la industria de tecnologías y servicios aeroespaciales en Colombia.
En mayo de 2022 se anunció el ingreso de Colombia a los Acuerdos Espaciales Artemisa, una serie de compromisos para el uso y la protección del espacio, liderados por la Nasa, un hecho que el entonces Gobierno de Iván Duque catalogó como una oportunidad para que mujeres científicas e investigadoras se sumen a las nuevas iniciativas de exploración espacial de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes.
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Otro de los proyectos pretende regular uso de armas y explosivos
Además de la iniciativa espacial, el Ministerio de Defensa incluyó en su paquete legislativo un proyecto para actualizar la regulación sobre armas, municiones y explosivos, así como la tenencia y el porte de estos elementos.
El ministro Sánchez Suárez explicó que la normativa vigente, que data de 1993, presenta deficiencias significativas, entre ellas la ausencia de una tipificación legal y una definición técnica adecuadas para las tecnologías armamentísticas actuales, así como una debilidad preocupante en la trazabilidad balística tanto de armas legales como ilegales.
“Este proyecto de leyes para salvar vidas. Entre 2018 y abril de 2025 hemos incautado más de 108.000 armas de fuego y traumáticas ,lo que demuestra una alta circulación ilegal de armas que demanda actualizar nuestros controles y procedimientos”, afirmó el ministro de Defensa Nacional en declaraciones recogidas por Cambio.
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Las propuestas legislativas, según el Ministerio de Defensa, buscan responder a las necesidades actuales del sector y fortalecer la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos.
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