La banda de sicarios encabezada por Elder José Arteaga Hernández, conocido como “el Costeño”, ha permanecido bajo la lupa de las autoridades en las últimas semanas, especialmente desde su reciente judicialización tras el asesinato del empresario mexicano Horacio Pérez Ledesma.
Pérez Ledesma, de 54 años, fue ultimado con ocho disparos en el barrio El Poblado, en Medellín, el 30 de junio de 2024.
Este crimen de alto perfil, atribuido al mismo grupo que orquestó otros atentados, ha impulsado a la Fiscalía General de la Nación a fortalecer las investigaciones en contra de los presuntos autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
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Según información de la Fiscalía, los implicados serán presentados nuevamente ante jueces de la República para que respondan no solo por el asesinato del joven político del Centro Democrático, sino también por otros homicidios de connotación internacional presuntamente cometidos por la organización criminal liderada por “el Costeño”.
Estas nuevas imputaciones buscan ampliar la responsabilidad penal de los integrantes de la banda en una serie de crímenes que han causado alarma dentro y fuera del país.
En paralelo, el ente investigador ha desplegado operativos en la ciudad de Cali y Caquetá con el objetivo de ubicar a dos personas señaladas como intermediarias entre la banda de sicarios y quienes serían los autores intelectuales del magnicidio de Uribe Turbay, según información conocida por Caracol Radio.
El avance de estas diligencias permitiría clarificar el vínculo entre ejecutores y quienes planificaron el asesinato del senador y precandidato presidencial.
Con relación a la autoría intelectual del crimen, investigaciones en Caquetá apuntan como hipótesis principal a las disidencias de la Farc.
Los agentes asignados a este caso se dedican a recopilar pruebas y testimonios que permitan establecer si el encargo de la muerte de Uribe Turbay se originó dentro de estos grupos armados ilegales, elevando la gravedad y el impacto político de los hechos en investigación.
Entre los señalados en este nuevo escenario figura Elder José Arteaga, conocido como el Costeño o “Chipi”, a quien se procesa bajo la hipótesis de haber sido el coordinador logístico del ataque.
En el transcurso de la investigación, se estableció que Elder José Arteaga habría contactado con antelación al joven de 15 años que disparó—aprehendido bajo tutela del Bienestar Familiar—y a otros implicados, para adelantar inspecciones y los preparativos que desembocaron en el crimen el 7 de junio.
A la fecha, las autoridades han judicializado a seis personas por el asesinato del miembro del Centro Democrático: además de El Costeño, figuran Carlos Eduardo Mora, William Fernando González, Katerine Andrea Martínez, Cristian Camilo González y el mencionado menor de edad.
Todos ellos permanecen privados de libertad en el búnker de la Fiscalía, formando parte de la primera fase de capturas desarrollada en los dos meses recientes por la Fiscalía y la Policía.
Desde el Gobierno Nacional se han barajado versiones sobre la supuesta participación de la disidencia Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez; alias El Zarco Aldinever, el ELN, alias Iván Mordisco e incluso mafias internacionales. Sin embargo, las versiones que apuntan a “Zarco” y el ELN han ido perdiendo fuerza, conformando así el nuevo escenario de la investigación que se adelanta en la Fiscalía.
Las autoridades, de momento, mantienen reserva sobre los detalles de la próxima ronda de imputaciones. Incluso, se desconoce la fecha exacta en la que podrían ir al estrado los seis implicados, así como los delitos que se les podría atribuir en las próximas semanas.
La expectativa recae, entonces, en los anuncios oficiales que permitirán esclarecer la dimensión y responsables de un crimen que sacudió al escenario político colombiano.
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