Gustavo Bolívar criticó la decisión del Consejo de Estado de mantener la investidura de Miguel Polo Polo: “Una verdadera vergüenza”

La Sala Plena del Consejo de Estado desestimó la acción dirigida a retirar la investidura al representante Miguel Polo Polo.

La iniciativa partió del abogado Alí Bantú Ashanti, que señaló al congresista por la supuesta solicitud de una fracción del salario de dos asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo.

El candidato presidencial Gustavo Bolívar reaccionó a dicha decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la investidura del representante a la Cámara. En su cuenta de la red social X, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) escribió: “Una verdadera vergüenza”.

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El fallo establece que los sueldos, aunque tienen origen en el presupuesto nacional, pasan a formar parte del patrimonio personal de los empleados una vez son recibidos, dejando de ser recursos públicos. Por esta razón, las causales constitucionales para la pérdida de investidura no resultan aplicables en este caso.

Frente a la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado, Gustavo Bolívar expresó su inconformidad y cuestionó el fallo a través de su cuenta de X. Bolívar criticó que, aunque se considera un delito exigir dinero a los miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo, para el alto tribunal esto no justifica la pérdida de la curul del congresista.

“Consejo de Estado: ¡qué vergüenza!salva la investidura de Miguel Polo Polo en una polémica decisión. Dicen que cobrar peaje a miembros de su UTL es un delito pero no da para perder la curul. ¡Una verdadera vergüenza!”, contestó el exfuncionario del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Y es que previamente, el congresista opositor, Miguel Polo Polo había sido denunciado por injuria por el exsenador y actual candidato presidencial Gustavo Bolívar, lo que evidencia los antecedentes de confrontaciones entre ambos.

Con respecto a la decisión adoptada por el Consejo de Estado, el caso tuvo su origen en unas conversaciones donde Orlando Luis Álvarez, coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo, reconocía que, junto con Dayi Marlen Sedano, asesora grado II, les habrían solicitado entregar una parte de su salario: 4.500.000 y 1.500.000 pesos mensuales, respectivamente.

Al ser consultado, el congresista argumentó que estos montos serían utilizados para cubrir gastos relacionados con el trabajo parlamentario, como combustible, peajes y limpieza de vehículos oficiales.

El Consejo de Estado señaló que los hechos atribuidos a Polo Polo pueden ser objeto de procesos penales o disciplinarios, pero no corresponden a las causales para retirar la investidura parlamentaria.

El tribunal precisó lo siguiente: “La Sala no pone en tela de juicio que exigir a los miembros de la UTL parte de su salario constituya una conducta a todas luces reprochable que no sólo quebranta el derecho del trabajador a decidir cómo y cuándo administra la contraprestación de su servicio. Sin embargo, no es posible sancionarla por vía del artículo de la Constitución porque no se cumple con los supuestos de que se trate de dineros públicos y que hayan sido indebida e indirectamente destinados por el congresista”.

La Sala Plena resolvió el caso con una decisión que provocó cinco salvamentos de votos, entre ellos los del presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, y los consejeros Juan Camilo Morales, Adriana Polidura Castillo, Jorge Edison Portocarrero y José Roberto Sáchica Méndez. El fallo se fundamentó en una interpretación limitada de la noción de “dinero público” una vez los fondos se incorporan al patrimonio de los empleados.

El alto tribunal recalcó que, si bien los salarios se originan en el presupuesto de la Nación y corresponden a obligaciones de funcionamiento estatal, al ser abonados a los trabajadores dejan de considerarse como recursos públicos.

El tribunal subrayó que, pese a la inexistencia de fundamento jurídico para la pérdida de investidura, la conducta de Polo Polo puede ser objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, donde ya se han presentado denuncias en su contra.