Tras conocerse que la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, por un manejo indebido de dinero, el exfuncionario salió a dar declaraciones.
“Dentro del periodo en que fui Presidente de Nueva EPS se aprobó el Plan Semilla como un beneficio a los trabajadores de la entidad”, señaló.
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Según Cardona Uribe, esta iniciativa consistía en el aporte que hacía la empresa de seis días de salario al colaborador por el ahorro voluntario de doce días que hacían al año.
“Cabe recordar que en Colombia es legal que las empresas otorguen beneficios a los empleados, como por ejemplo, apoyo en algunos porcentajes de educación para sus hijos, subsidios de vivienda, primas extralegales y bonos entre otros”, recalcó en su boletín de prensa.
“En el año 2021 la Contraloría General de la República realizó la auditoria financiera de 2020 e informó sobre un hallazgo referente al Plan Semilla por el uso del recurso dela UPC. Este hallazgo se trasladó a la delegada para el sector salud y a la Procuraduría General de la Nación para lo correspondiente”, acotó el expresidente de la Nueva EPS.
Según Cardona, después de que la Contraloría General de la República revisara el caso, “establecieron que el uso de recursos fue acorde con la ley y no hubo detrimento patrimonial, procediendo al cierre y archivo del caso”.
Investigación de la Procuraduría contra José Fernando Cardona y Segundo Libardo Tapié Alpala
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y el exgerente general de la EPS Indígena Mallamas, Segundo Libardo Tapié Alpala, por el presunto uso indebido de recursos del aseguramiento en salud.
El organismo indicó que las irregularidades investigadas comprometen cuantías superiores a 1.000 millones de pesos en Nueva EPS y más de 73 millones en Mallamas.
La Procuraduría señaló que ambos casos involucran recursos aplicados a fines distintos a los dispuestos legal y constitucionalmente, acción que podría representar una falta disciplinaria gravísima.
Para el caso de la Nueva EPS, los cargos se relacionan con la autorización de un plan de ahorro voluntario, denominado “Plan Semilla”, implementado durante 2020.
Según el órgano de control, Cardona Uribe habría autorizado la utilización de dineros provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para este beneficio laboral, destinación no permitida por la normativa vigente.
La Procuraduría manifestó que el exdirectivo intentó justificar la medida bajo la categoría de gasto administrativo, pero el ente consideró esto como una posible trasgresión de los principios que rigen la función pública.
De acuerdo con la Procuraduría, la calificación provisional para esta conducta fue de “falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.
En respuesta a la formulación de cargos, José Fernando Cardona Uribe divulgó un comunicado donde expuso que el Plan Semilla representó un beneficio social para los empleados, consistente en seis días de salario financiados por la empresa ante el ahorro voluntario de doce días realizado por los trabajadores cada año.
Añadió que la legalidad de este tipo de beneficios está contemplada en la normatividad colombiana y recordó que, tras auditoría de la Contraloría General de la República en 2021, aunque se reportó un hallazgo sobre este plan, se ordenó su cierre y archivo al no encontrar méritos para continuar la investigación.
Paralelamente, el caso de Mallamas EPS Indígena involucra el presunto pago de indemnizaciones laborales empleando más de 73 millones de pesos de recursos públicos destinados exclusivamente a la atención en salud.
El Ministerio Público sostuvo que la gestión de Segundo Libardo Tapié Alpala vulneró la normatividad vigente sobre el uso de estos dineros y no se ejerció la debida diligencia frente a los criterios de economía y eficacia.
La Procuraduría calificó la conducta en forma provisional como falta disciplinaria gravísima.
Los procesos resaltan el debate sobre la correcta destinación de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia frente al uso de los fondos del aseguramiento en salud.
A partir de la imputación de cargos, ambos exdirectivos deberán afrontar el desarrollo de la etapa probatoria en sus respectivos procesos, donde se determinará su responsabilidad disciplinaria y la posible imposición de sanciones.
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