El presidente Gustavo Petro confirmó que la abogada venezolana María Alejandra Díaz, exintegrante de la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y crítica del oficialismo en su país, se encuentra en territorio colombiano tras recibir asilo diplomático.
El anuncio se produjo este lunes a través de un mensaje del mandatario en la red social X, en el que destacó que Colombia mantiene la tradición de ofrecer protección a quienes solicitan refugio por motivos políticos. La llegada de Díaz se dio luego de que el Gobierno colombiano oficializara el otorgamiento del asilo el pasado 6 de agosto.
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“Colombia es un país que garantiza el asilo político. Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela”, escribió en su cuenta de X el presidente de la República.
Díaz había permanecido en la residencia de la Embajada de Colombia en Caracas junto con parte de su familia, mientras gestionaba las garantías necesarias para salir de Venezuela. La abogada denunció que las autoridades de su país se habían negado a expedirle el salvoconducto, alegando que no existía una persecución en su contra.
Conocida por su trayectoria en el ámbito jurídico y por haber presidido la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la ANC, la exfuncionaria se distanció del chavismo en los últimos años. Entre sus críticas más recientes figura la denuncia contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusó en 2024 de incumplir la ley al no divulgar el detalle de los resultados de las elecciones presidenciales que ratificaron a Nicolás Maduro en el poder.
Ante estas circunstancias, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia explicó que Díaz había solicitado el asilo argumentando persecución política e ideológica, motivo por el cual se resolvió a favor de su petición.
El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la situación de los opositores y críticos del Gobierno venezolano. En paralelo a la confirmación sobre la estadía de Díaz en Colombia, el presidente Petro insistió en la necesidad de que decenas de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela puedan regresar al país. Se trata de personas capturadas durante el último año bajo acusaciones de conspiración, cuyos familiares aseguran que no han tenido acceso adecuado a comunicación ni procesos judiciales claros.
El Gobierno colombiano mantiene que continuará trabajando en los canales diplomáticos para garantizar tanto el respeto a los compromisos internacionales en materia de asilo como la protección de los derechos de sus connacionales en el país vecino.
“El 11 de enero del 2025, el Gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano”, señaló la Cancillería en un comunicado, luego de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano añadió que “el Gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto”.
La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías Constitucionales de la chavista y extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que hace dos meses fue notificada de que “el Gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto”, debido a que, “según ellos”, no “existía ninguna persecución”.
Díaz, que denunció el año pasado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha “incumplido” lo establecido en la ley al no publicar los resultados desglosados que prueban la controvertida victoria de Maduro, proclamada en las presidenciales de 2024, pidió respeto a su “condición de asilada debido al peligro que representa salir de la residencia del embajador sin la debida protección”.
En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.
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