Desmantelaron call center criminal en la cárcel de Cómbita, en Boyacá: así fue el operativo

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), realizó una intervención en el Centro Penitenciario El Barne de Cómbita, Boyacá, como parte de la Operación Bogotá para combatir la extorsión desde establecimientos carcelarios.

Según informaron las autoridades, en este operativo participaron 150 uniformados y se dispuso de herramientas tecnológicas, entre ellas drones y detectores de metales, para llevar a cabo el registro de las 303 celdas del penal.

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Así lo explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá: “Nuestro grupo Gaula lideró una actividad operacional contra la extorsión en el Centro Carcelario y Penitenciario El Barne, ubicado en Cómbita, Boyacá. Contó con un despliegue de ciento cincuenta uniformados, así elementos tecnológicos también como drones, los cuales fueron registradas trescientas tres celdas de dicho establecimiento carcelario”.

Las inspecciones, basadas en denuncias recibidas, permitieron el hallazgo de 50 celulares, un iPad, joyas, 5 módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, 23 armas corto punzantes, un kilo de marihuana y 12 libretos con información de carácter delincuencial, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

“Gracias a, a estas intervenciones, estamos enfrentando directamente a las estructuras delincuenciales que dentro de este centro carcelario se dedican a la extorsión digital, generando llamadas extorsivas a comerciantes, transportadores, empresarios en la ciudad de Bogotá”

Las investigaciones señalan que estructuras criminales utilizan estos dispositivos para realizar llamadas en las que se hacen pasar por funcionarios de la Policía y la Fiscalía, exigiendo dinero a sus víctimas.

En lo que va del 2025, se han reportado 291 casos menos de extorsión, lo que representa una disminución del 19% en comparación con el año anterior, según los datos oficiales.

“En recorrido del año hemos registrado doscientos noventa y un casos menos de extorsión, lo que representa una reducción del 19%, gracias al compromiso permanente de nuestro Gaula de la Policía Nacional”, agregó el oficial.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso de llevar a cabo acciones y estrategias constantes contra los delitos que afectan la seguridad de los ciudadanos y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123 o 165.

Call center dedicado a la extorsión en la cárcel La Picota

Los registros hallados durante la Operación Bogotá han arrojado luz sobre la estructura y el alcance de un sofisticado call center criminal que operaba desde el pabellón número 6 de la cárcel La Picota en Bogotá.

Los detalles de la intervención revelan que el grupo disponía de una estructura organizada, con teléfonos móviles etiquetados y libretos escritos para coordinar las llamadas extorsivas, según informaron las autoridades involucradas en el operativo.

El operativo, conducido de manera conjunta entre la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Fiscalía General de la Nación, permitió no solo la desarticulación de la red sino también la incautación de 40 teléfonos celulares, 15 cables USB, 30 cargadores, 60 tarjetas SIM, 18 armas cortopunzantes, libretos con registros de actividades, licor y sustancias estupefacientes.

Las autoridades destacaron que los dispositivos móviles estaban minuciosamente identificados con números de cabinas y oficinas, lo que facilitaba el flujo y control de las comunicaciones delictivas.

De acuerdo con la investigación, el grupo no solo empleaba técnicas tradicionales de extorsión, sino que también recurría a sofisticadas modalidades como la ciberextorsión y la suplantación de fiscales y agentes de la Policía Nacional.

Esta diversificación de métodos permitía a la organización abarcar un espectro más amplio de víctimas y asegurar un flujo constante de ingresos. Las rentas ilícitas generadas por estas actividades ilícitas ascendían a los 250 millones de pesos mensuales, confirmó la Policía Nacional tras la revisión de los registros incautados.