La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal arremetió contra el Pacto Histórico tras el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que rodea al gobierno de Gustavo Petro.
Según información recopilada por El Tiempo, las investigaciones sobre la fuga de Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, señalan que seguimientos y registros en Managua podrían aportar pruebas sobre las personas o estructuras que facilitaron su salida de Colombia tras el saqueo a la Ungrd.
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Por lo anterior, María Fernanda Cabal salió a dar su opinión afirmando que el gobierno de Gustavo Petro se ha movido bajo la corrupción y ha facilitado que Carlos Ramón González este prófugo de la justicia.
“Con licencia para delinquir y protección para escapar de la justicia. El Pacto Histórico se ha movido entre la corrupción y el desgobierno“, señaló.
En otro pronunciamiento, la senadora Cabal le recordó a Gustavo Petro una publicación realizada en mayo de 2025 en su cuenta en X donde el mandatario afirmó que: “He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”.
Por su parte, la congresista le respondió: “¡Claro! En el caso de su camarada Carlos Ramón González, se fue para Nicaragua con la ayuda de su gobierno“.
¿Cómo va la investigación del caso de la Ungrd?
Las investigaciones sobre la fuga de Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, señalan que seguimientos y registros en Managua podrían aportar pruebas sobre las personas o estructuras que facilitaron su salida de Colombia tras el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Según reveló El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea de investigación para esclarecer los apoyos recibidos por González durante su llegada a Nicaragua en septiembre de 2024.
Las pesquisas buscan establecer si hubo maniobras formales para otorgar protección a González a través de canales oficiales en Nicaragua, permitiéndole evadir los procesos judiciales abiertos en su contra.
El medio citado informó que la entrega y renovación de su residencia en Managua se produjeron en un lapso de seis horas, el mismo día en que la justicia colombiana lo citó para imputarle delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, relacionados con el mayor escándalo de corrupción reciente del gobierno de Gustavo Petro.
Un documento oficial recibido el 21 de mayo de 2025 en el correo de la embajada de Colombia en Nicaragua confirmó que González podía renovar su residencia ese mismo día.
“Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González (...) toda vez que la misma está para vencer el 14 de junio de 2025”, argumentó la petición radicada por Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios encargado en el país centroamericano.
Las imágenes y grabaciones en poder de la Fiscalía muestran a González alojado en la residencia oficial del embajador de Colombia en Managua, León Fredy Muñoz, que también aparece en videos junto a otros diplomáticos.
Además, se investigan movimientos de González en vehículos adscritos a la misión diplomática e indicios de transferencias bancarias supuestamente dirigidas desde Bogotá y canalizadas por Panamá a través de dos cuentas.
El caso toma otra dimensión al analizar las transacciones inmobiliarias en Bogotá efectuadas por González y su esposa, Luz Dana Leal, poco antes de su traslado a Managua.
También, la venta de activos podría estar vinculada con la preparación de su salida del país, elemento que ahora analiza la Fiscalía.
Las autoridades también evalúan la legalidad de la residencia de González en Nicaragua, tras conocerse que, cuando fue recibido por la embajada en ese país, aún no existía imputación judicial firme en su contra.
El propio exembajador Muñoz Giraldo aceptó en una entrevista en La W Radio que facilitó la entrada de González, aunque desligó cualquier responsabilidad penal posterior sobre la tramitación de su residencia.
Mientras tanto, el gobierno colombiano ha activado la petición de extradición y la inscripción de alerta roja internacional, aunque la posibilidad de que Nicaragua lo reconozca como perseguido político podría complicar el proceso.
“Si eso llegara a pasar, sería inútil la circular roja”, advirtió el trámite actualmente en revisión por la Interpol en Lyon, Francia.
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