Madre de piloto presidencial lleva cinco días esperando cama en hospital de Bogotá por falta de autorización de la EPS

La crisis de salud en Colombia sigue evidenciando casos que generan indignación. Según informó Noticias RCN, la madre de un piloto de los helicópteros de la Presidencia lleva cinco días en una silla de la sala de urgencias de la Fundación Cardio Infantil, en Bogotá, mientras espera la asignación de una cama hospitalaria.

La paciente, identificada como Sandra Castillo, permanece en esa condición a pesar de presentar deterioro en su salud debido a una bacteria contraída tras un mal procedimiento quirúrgico realizado semanas atrás en un hospital de La Dorada, Caldas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Castillo llegó desde Puerto Salgar, Cundinamarca, el 13 de agosto, con un dolor abdominal intenso que la llevó a buscar atención médica en la Cardio Infantil, centro que tiene convenio con la Nueva EPS. Sin embargo, la aseguradora no ha autorizado el ingreso a una habitación o cama, limitando la atención a suministrar antibióticos y monitoreo mientras permanece sentada en una silla de hospital.

De acuerdo con el testimonio recogido por Noticias RCN, en su tercer día de espera, la paciente preguntó a una enfermera por qué otros ingresados después de ella sí recibieron cama. La respuesta fue que “la Nueva EPS normalmente no paga los servicios que autorizan en el hospital”.

Este caso ha evidenciado la gravedad de la situación del sistema de salud nacional, donde los retrasos de las EPS en los pagos a clínicas y hospitales afectan directamente a los usuarios.

Sandra Castillo sigue sin acceso a mejores condiciones de hospitalización ante la negativa de la EPS, mientras su salud continúa en deterioro y su caso se inserta en una larga lista de reclamos por el funcionamiento de las entidades encargadas del aseguramiento en salud.

Familias en Colombia, al límite por el aumento del gasto médico y las deudas de las EPS: advierte Anif

La crisis financiera del sistema de salud en Colombia está poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de familias, especialmente las de menores ingresos, que deben asumir costos médicos que, en principio, deberían estar cubiertos por su aseguramiento en las EPS.

Según cifras recientes de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el gasto de bolsillo alcanzó los $14,5 billones en 2024, con un incremento del 1,4% frente al año anterior. Este monto, que refleja pagos directos por copagos, cuotas moderadoras, compra de medicamentos, procedimientos no cubiertos y servicios negados, representa el 16,8% del gasto corriente de los hogares en el país.

El umbral de alerta fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ubica en el 20%. Al rozar este límite, Colombia se acerca a una situación de alto riesgo financiero para sus habitantes, lo que podría empujar a muchas familias a la pobreza debido a enfermedades o accidentes.

El fenómeno afecta con más severidad a las familias del primer quintil, el 20% con menos ingresos, donde el gasto de bolsillo creció 63% entre 2021 y 2024. Esto significa que acceder a citas médicas, medicamentos o tratamientos ajenos al amparo de las EPS implica sacrificios en alimentación, vivienda o educación.

A pesar de que la cobertura en salud llegó el año pasado al 98,6% de la población, la calidad del servicio y la protección financiera han disminuido. Anif alerta que el sistema está cediendo terreno ante la crisis estructural de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), marcada por deudas impagadas cercanas a los $10,8 billones en 2024 (en EPS no intervenidas) y $32,9 billones (en intervenidas). Esto se traduce en retrasos para acceder a citas, autorizaciones para exámenes, entrega de medicamentos y largos tiempos de espera.

El Ministerio de Salud, en un intento por responder a la crisis, ha implementado por decreto puntos centrales de la reforma en discusión en el Congreso, como la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales y el fortalecimiento del primer nivel de atención. Estos cambios estructurales generaron debate político y cuestionamientos sobre el alcance real de las medidas.

Además, el descontento de los usuarios crece. Según Anif, las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 78,9% en el régimen contributivo y un 69,8% en el subsidiado en 2024. Solo en los momentos más álgidos de la pandemia se habían reportado cifras tan elevadas de insatisfacción.